- RUBÉN PÉREZ
Preocupa a ONG’s vulnerabilidad de pueblos y comunidades frente al Covid 19
Tuxtla.- En un documento, al menos 14 organizaciones no gubernamentales exhortaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno generar las condiciones necesarias para las miles de familias pobres que habitan en pueblos y comunidades indígenas de la entidad, sobre todo en estos momentos de contingencia sanitaria.
Tras un monitoreo en algunas regiones de Chiapas, externaron su preocupación ante las condiciones que la pandemia pueda generar en esos lugares durante las siguientes semanas y meses, por lo que consideraron urgente abrir un espacio de diálogo para construir propuestas que atiendan sus condiciones y necesidades.
Al respecto, los centros de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos- Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC), de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC), entre otros comentaron que los pueblos y comunidades indígenas y equiparables han sido históricamente olvidados por las instituciones de salud pública, provocando la violación sistemática de su derecho a ese servicio.
A la falta de infraestructura, explicaron que personal médico y abasto continuo de medicamentos, se suma la discriminación institucional y la falta de un enfoque preventivo culturalmente adecuado y asequible a las comunidades.
En este contexto, agregaron que la falta de un monitoreo y seguimiento adecuado a los migrantes que regresan a sus comunidades, en cuidado de su dignidad.
Igual de preocupante, coincidieron, es el tema de la vulnerabilidad económica de la mayoría de las personas en las comunidades la falta de acceso a fuentes de empleo digno en las comunidades las hace dependientes del comercio y del empleo informal, así como de las remesas de los migrantes en Estados Unidos.
“En el contexto actual de crisis económica mundial, tanto las fuentes de ingreso local como las remesas se encuentran en riesgo de disminuir fuertemente, sin que exista un programa para garantizar un ingreso básico”, comentaron.
En relación al abasto alimentario, si bien existen comunidades que cuentan con sus propios sistemas de producción, circulación y almacenaje de productos para autoconsumo, hay otras en las que lo producido es insuficiente y dependen de la compra de granos básicos en esta temporada del año en la que están iniciando su nuevo ciclo de siembra. La seguridad alimentaria de estas comunidades se encuentra en riesgo ante la caída de sus ingresos y el alza de los precios en los insumos de la canasta básica, así como la ruptura de cadenas productivas y comerciales, explicaron.
Por otra parte, las comunidades se enfrentan a una capacidad reducida para la defensa de sus territorios y del medio ambiente, “pues sus espacios para la toma de decisiones comunitarias están restringidos y el acceso a las instituciones de impartición de justicia se encuentra limitado”.
Por ello, destacaron que está cobrando cada vez mayor atención a nivel local e internacional la exigencia de una moratoria a todos los proyectos de infraestructura a gran escala que están afectando o puedan afectar territorios indígenas sin su consentimiento, con potenciales impactos adversos en los derechos humanos.
Particularmente, en el contexto de incremento a la violencia contra las mujeres que está ocurriendo durante esta emergencia sanitaria, nos preocupa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuviera los recursos para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs), refirieron.
La actual crisis de salud presenta retos importantes en materia de atención a los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, que pueden ser prevenidos y superados si el Estado, en todos sus niveles, adopta mejores acciones dirigidas a esta población en materia de salud, economía, alimentación, agua, saneamiento, atención a las conflictividades y a la seguridad, sin menoscabo de su libre determinación y autonomía, detallaron.
Asimismo, señalaron que es necesario establecer un mecanismo de atención integral inmediata a comunidades indígenas para la prevención y atención de riesgos por Covid-19, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil;
Atender de manera adecuada y suficiente a migrantes que regresan a sus comunidades, incluyendo el establecimiento de protocolos y espacios-albergues acondicionados para la cuarentena, brindándoles información en su lengua materna sobre los cuidados y medidas de seguridad que deben tener al llegar a sus hogares, agregaron.
Entre otras acciones, dijeron que urge implementar un apoyo monetario, directo, mensual y no condicionado, o renta básica por lo menos durante los tres meses que durará la crisis más inmediata, con posibilidad de extenderlo a cinco meses.
