Barreras para menores de edad en establecer su situación regular en México

Anteriormente, México había sido catalogado como un país de tránsito de personas en contexto de movilidad internacional, sin embargo, en los últimos años ha dejado de ser un país de tránsito para convertirse en un país de destino. En este flujo migratorio, las infancias se ven sujetas a mayores situaciones de vulnerabilidad respecto al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos. Las infancias en contexto de movilidad se enfrentan a diversas circunstancias que restringen sus derechos humanos en distintos ámbitos, como son educación, salud física y mental, alimentación, hogar, justicia, sano desarrollo de la personalidad, crecer en un ambiente libre de violencia y la violencia institucional. A pesar de que en el artículo 4 de la Constitución, en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y en un amplio número de ordenamientos nacionales e internacionales se establece la protección a las infancias, estos no son suficientes para proteger a la niñez migrante en su tránsito o estancia permanente por México. Por señalar un ejemplo, como menor acompañado se puede pedir a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México que solicite al Instituto Nacional de Migración la regularización migratoria por razones humanitarias del núcleo familiar como restitución de derechos; sin embargo, pueden pasar meses sin recibir respuesta. Una familia que pudo haber llegado a México a principios de año, bajo estas circunstancias se encuentra en el país sin regular su estancia, lo que impide a las infancias involucradas el acceso pleno a sus derechos humanos. Es relevante visibilizar que las personas adultas acompañadas de infantes, al no poder acceder a un plan de restitución de derechos, comienzan a padecer múltiples discriminaciones. Entre ellas, no pueden acceder a empleos formales, al sistema de salud, a programas de apoyo social, no pueden moverse libremente en México, no pueden abrir algún negocio, no pueden acceder al sistema financiero en México. Toda esta suma de discriminaciones de carácter estructural aumenta la vulnerabilidad de las infancias y las expone a violencias físicas y sexuales, trata de personas, reclutamiento por parte de grupos criminales y la posible separación familiar. Este tipo de casos, que suceden todos los días, no hace más que evidenciar la brecha existente entre las leyes protectoras de las infancias y las prácticas cotidianas institucionales, que no hacen más que visibilizar un incumplimiento sistemático institucional de los derechos humanos de la niñez migrante, refugiada y de sus familias. Esta dinámica de exclusión hace necesario plantear el fortalecimiento institucional por medio de formación, capacitación y sensibilización del personal gubernamental encargado de atender a infancias en situaciones de movilidad, así como establecer mecanismos de protección integral urgente a la niñez migrante, refugiada y sus familias.