Chiapas lidera alarmante cifra de embarazos infantiles por violencia sexual

Tuxtla.- Un informe del INEGI revela que el estado ocupa el primer lugar nacional en niñas de 10 a 14 años embarazadas.

Organismos civiles denuncian la inaplicación de la NOM-046, que garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos de violación.

Chiapas registró 757 nacimientos de madres entre 10 y 14 años en 2025, ubicándose a la cabeza de una trágica estadística nacional que refleja embarazos infantiles forzados, producto de violencia sexual, según los últimos datos de la Estadística de Nacimientos Registrados del INEGI.

Frente a esta crisis, colectivos y defensoras de derechos humanos han alertado sobre la sistemática negación de información y acceso a la interrupción legal del embarazo para estas niñas, a pesar de que la Norma Oficial Mexicana NOM-046 obliga a las instituciones de salud a proporcionarles atención integral y ese procedimiento en casos de violación, sin requerir denuncia penal previa.

“Seguimos normalizando que niñas lleven a término embarazos que ponen en riesgo sus vidas. Cada uno de estos 757 casos es una falla estatal y una violación a sus derechos humanos”, declaró Alejandra Muñoz, de la Red Aborta Libre Chiapas.

El problema atraviesa todo el territorio estatal. No se circunscribe a comunidades rurales o indígenas, sino que se presenta con igual crudeza en ciudades como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Activistas documentan casos de niñas de hasta 11 años que han parido sin ningún acompañamiento psicosocial o jurídico, y sin conocer sus opciones legales.

La gravedad de la omisión se ilustra con un caso reciente en San Cristóbal de las Casas: una niña de 13 años dio a luz en el Hospital de las Culturas luego de que el sistema de salud fallara repetidamente. Acudió a tres instancias médicas diferentes, incluido el Hospital de la Mujer, sin que en ninguna se le aplicara la NOM-046 ni se le ofreciera la interrupción legal de un embarazo de alto riesgo.

“El personal de salud tiene la obligación de ofrecer la interrupción, incluso en embarazos avanzados, cuando hay riesgo para la vida o salud de la menor. Aquí hubo una cadena de negligencias”, denunciaron especialistas que acompañan el caso.

La NOM-046, vigente desde 2009, establece protocolos claros para la prevención, atención médica y orientación en casos de violencia sexual. Su correcta aplicación es una deuda pendiente en Chiapas, donde la falta de capacitación al personal médico, los prejuicios y la ausencia de supervisión estatal dejan cada año a cientos de niñas sin el amparo de la ley, condenándolas a maternidades forzadas que truncarán su desarrollo y perpetuarán ciclos de violencia.