Claudia Sheinbaum exige a la CNDH investigar tortura policial tras protesta por agua en Guadalajara

La presidenta calificó de inadmisible la actuación de la policía estatal en Jalisco durante la manifestación del 11 de octubre y pidió deslindar responsabilidades, incluyendo la intervención de la FGR.

CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió este miércoles a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una investigación profunda e inmediata sobre las denuncias de violencia y tortura policial cometidas contra jóvenes detenidos durante una protesta por el acceso al agua en Guadalajara, Jalisco.   

“¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes? (...) No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”, cuestionó severamente la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.   

Sheinbaum informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a presentar un informe detallado de los hechos ocurridos el pasado domingo 11 de octubre. Asimismo, instó a la CNDH a entrevistarse directamente con las víctimas, esclarecer las órdenes emitidas durante el operativo y determinar las sanciones correspondientes.   

La titular del Ejecutivo señaló que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, debe responder por lo sucedido y sugirió que, dada la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) también podría atraer las investigaciones.   

Represión y denuncias en Jalisco

La movilización social reunió a miles de habitantes de Guadalajara que exigían una solución a la mala calidad del agua potable en sus hogares. Sin embargo, la marcha derivó en enfrentamientos frente a la residencia oficial del gobernador, donde la policía estatal empleó gases lacrimógenos y carros lanzawater para dispersar a los asistentes.   

Aunque la Fiscalía estatal reportó la detención de 39 personas —quienes posteriormente fueron liberadas—, organizaciones civiles y Amnistía Internacional denunciaron un número superior de arrestos, agresiones físicas y presuntos actos de tortura contra manifestantes.   

Ante la ola de críticas, el gobernador Pablo Lemus reconoció la existencia de excesos policiales y "graves errores" en la ejecución del operativo, anunciando una investigación interna supervisada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.   

Al respecto, la presidenta Sheinbaum concluyó con un mensaje contundente contra el uso excesivo de la fuerza pública: "No podemos permitir, nosotros que venimos de luchar contra la represión, que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen".