Comerciantes son intimidados por el Ayuntamiento de Tuxtla
Tuxtla.- Jorge Enrique Zapata Nieto, consejero jurídico del Ayuntamiento morenista, inició acciones de hostigamiento y amenazas en contra de seis comerciantes que, desde hace más de 50 años, poseen establecimientos de juguerías a un costado del Palacio Municipal de esta capital chiapaneca.
De acuerdo con los mismos afectados, el funcionario no les ha dado un argumento claro del porqué los quiere sacar de los locales que, en su momento, les otorgó ele gobernador Juan Sabines Gutiérrez.
En cambio, dijeron, lo único que les ofrece son 30 mil pesos a cada uno para que los desocupen, pero ellos se niegan a aceptar esa cantidad al advertir que es muy poca comparado con los años que han ofrecido sus servicios en ese sitio.
Sin embargo, aclararon que la situación empeoró este jueves, cuando personal del Ayuntamiento, el mencionado funcionario y un grupo de policías municipales intentaron desalojar a Aurora Castellanos Alcázar y a su esposo, propietarios del local número 2.
Nataly Montero explicó que sus abuelos fueron violentados por parte de Jorge Zapata, “esperó a que la mayoría de los comerciantes se retiraran, y así empezó a romper los candados, primero en la parte de los baños, entonces mi abuelo se metió, pero el funcionario se comportó de forma grosera, e incluso luego advirtió que mi abuelo lo agredió, lo que es falso”.
Destacó que, de esos hechos, existe una testigo, “dejo en claro algo, mis abuelitos no están cerrados a una negociación por el tema de los locales, pero sí responsabilizo a Jorge Zapata de las consecuencias de salud que les genere, o lo que les pase, porque ese servidor público empujó a mi abuelo”.
Karla Itzel Vázquez Arellano, otra de las afectadas, explicó que la actual administración ya “aseguró” el primer local el lunes pasado, de siete que había, “y mágicamente, el miércoles, el negocio apareció pintado con la leyenda: ‘Menú del DIF Municipal’; no los quieren ni para oficinas, ni para otras cosas, sino para trabajarlos ellos mismos”.
Lo más lamentable, advirtió, es que la dueña de ese espacio no pudo asistir a la denuncia de este viernes porque, tras la impresión de ser desalojada, su salud se complicó.
Laura Escobar, comerciante del local 3, detalló que a otro local le colocaron candados para que el encargado del mismo no pueda ingresar, pese a que sus cosas están adentro; “y lo condicionan que, si quiere sus cosas, tiene que firmar un documento”.
Los y las afectados advirtieron que sus depósitos por ocupar esos lugares los hacen en el Tribunal de Justicia, pues el Ayuntamiento se ha negado a recibirles el pago del impuesto predial, con el argumento de que no hay sistema u otros pretextos.
Recordaron que en pasadas administraciones los han intentado sacar, pero refirieron que siempre han llegado a acuerdos con las autoridades, “pero ahora vemos que no, que están cerradas”.
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