Complicado panorama para legalizar el aborto en Chiapas

Tuxtla.- Alejandra Muñoz, activista y escritora feminista, manifestó que, a pesar de que la lucha de las colectivas feministas sigue para la despenalización del aborto en Chiapas, no hay avances y por ello existe una propuesta en el Senado de la República para recomendar al Congreso local atender el tema.

Entre las propuestas del orden día en el Senado de la República, Eva Eugenia Galaz Caletti, senadora por Morena, pidió que se recomiende a los Congresos de 22 entidades de México, Chiapas entre ellas, legislar con apego a lo establecido en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en septiembre de 2021, en materia de aborto legal, seguro y gratuito.

En la mencionada fecha, la Corte resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

Ese mismo día, también invalidó el artículo 224, fracción II, del Código Penal local, al establecer una pena menor para el delito de violación entre cónyuges, concubinos(as) y parejas civiles, que la pena para la violación en general, por ser discriminatoria, especialmente contra las mujeres

Al respecto, Alejandra Muñoz mencionó que en Chiapas no hay efectos en la resolución de la Corte, “por eso quedará señalado como uno de los Congresos que no ha atendido la sentencia”.

Dijo que, en nuestra entidad, aunque no tienen identificados casos de aborto perseguidos por parte de las autoridades, sin embargo “tenemos conocimiento de mujeres criminalizadas, si bien, no por el delito de aborto, sí por otros delitos relacionados a los derechos sexuales y no reproductivos”.

Para el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) la criminalización del aborto es la materialización de la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres; idea que continúa permeando no solo la cultura, sino todas las instituciones del Estado y que representa una violación a los derechos humanos.