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  • RUBÉN PÉREZ

Comunidades costeras lucharán contra gasoducto

Tuxtla.- El gasoducto es un proyecto que se trató de impulsar en la administración de Enrique Peña Nieto y sigue vigente, “a pesar de que atenta contra la vida de comunidades y núcleos agrarios”, dijo Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en Tonalá.


Comentó que se trata de uno de los proyectos federales denunciados durante la Caravana El Sur Resiste, una red de gasoductos que conectan a Guatemala con la región del Istmo y la Costa de Chiapas; con una conexión hacia el país guatemalteco.

El defensor de derechos humanos hizo hincapié en que el gobierno actual mantiene activo el proyecto y echarlo, “ahora más con la intención de implementar a la par el proyecto interoceánico que conectaría gran parte de Oaxaca, Chiapas y el centro del país, y quieren que se implemente en este periodo del gobierno actual y que pueda funcionar”.

Las comunidades de la costa de Chiapas están con incertidumbre por la necedad del gobierno federal de continuar con megaproyectos que atentan contra la vida, provocan despojo, divisiones internas y afecta los núcleos agrarios, dijo.

De ser posible, el proyecto atravesaría parte de Oaxaca, todos los municipios de la zona costera de Chiapas hasta llegar a Tapachula y continuar en Centroamérica. Hace algunos años se realizaron las visitas de medición y otros trabajos de campo, al menos en la Costa de Chiapas.

“Es parte de los intereses económicos que sostiene el gobierno federal”, dijo Nataniel, quien agregó que como comunidades en resistencia tuvieron un proceso de información para que las personas conocieran la magnitud del proyecto del gasoducto.

Asimismo, confesó, fueron beneficiados con determinaciones agrarias para no permitir la implementación de ningún tipo de megaproyecto, ya sea minero o que afecte directamente a la vida y los territorios. “En Pijijiapan lograron ante el cabildo que se consulte o se haga un consenso a los pueblos sobre las disposiciones federales”.

Hasta ahora, detalló, son 30 comunidades que resisten integradas en el Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas, que participan a nivel de ejidos y otros a nivel de grupos que están en contra de la implementación de megaproyectos en Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec.

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