Comunidades zoques aún no se “levantan” luego de estragos de huracán

Tuxtla.- De acuerdo con una investigación de la organización “Artículo 19”, el huracán Eta que se registró a finales del año 2020 no solo afectó a casi 55 mil personas de comunidades zoques de Chiapas, sino que deja entrever la desigualdad estructural en las que éstas viven.

En noviembre de ese año, recordó que el huracán impactó el territorio mexicano y con ello gran parte de Centroamérica. Asimismo, apuntó que las cifras oficiales reportadas en Chiapas incluyen la muerte de 20 personas, 2 mil 845 viviendas dañadas, 26 tramos carreteros interrumpidos por deslizamiento de ladera inestable, el desbordamiento de cinco ríos, tres comunidades incomunicadas por inundación, y muchos otros daños materiales.

En el informe titulado “La importancia del derecho humano a la información en contextos de desastres: El caso del huracán ETA en Chiapas”, explicó: “El impacto social y económico fue particularmente duro para pueblos indígenas y rurales, cuyas necesidades no fueron atendidas con oportunidad. Esta carencia visibiliza la complejidad que implican estos eventos”.

Tras reconocer los esfuerzos en la materia, dijo que el derecho a la información no figura en las prioridades a la hora de prevenir, atender o mitigar un desastre. En el caso del pueblo zoque —ubicado en el norte de la entidad— enfrentó al huracán con retos históricos y estructurales a cuestas tales como la discriminación, la marginación y la pobreza.

Agregó: “El análisis efectuado nos permite concluir que el enfoque del Estado en este caso fue reactivo, es decir, se llevó a cabo después de que ocurrió el desastre. A dos años del evento, se dirigió la atención a la emergencia, dejando de lado las acciones previas destinadas a la prevención, mitigación y gestión integral del riesgo de los desastres”.

“En el caso de los recursos financieros a favor de las comunidades zoques afectadas por Eta, las consecuencias fueron la falta de información clara, de reglas de operación nuevas para la asignación de recursos y de una entidad sustituta; así como de experiencia en el nuevo manejo de los recursos financieros”, apuntó la AC.

Destacó que la eliminación del instrumento de política financiera de atención a desastres como el Fonden, sin una alternativa para sustituirlo, refleja una falla y omisión de diseño de la política pública.

Según Artículo 19, también defensora de los derechos de periodistas, realizaron alrededor de 108 solicitudes de información a los tres niveles de gobierno, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.