Continuan agresiones contra población migrante en la entidad

Tuxtla.-De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil reunidas en las actividades conmemorativas de los 25 años del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula, en la última década elementos de la Marina y la Sedena están ligados a las agresiones contra migrantes y personas defensoras.

Advirtieron que las violaciones de derechos humanos no se recrudecieron durante este sexenio, es una situación que se gestó desde hace más de una década con indicadores crecientes, incluso en materia de políticas públicas.

De hecho, comentaron que esto provoca que la agenda de los derechos humanos o la perspectiva de los derechos humanos que debería tener toda política, quede a un lado.

Jorge Israel Hernández, experto en la materia, apuntó: “Las condiciones de financiamiento que también tienen las organizaciones de la sociedad civil con una nueva normatividad, va filtrando o inhibiendo el flujo de recursos para realizar las labores”.

En este sentido, mencionó el discurso muy acentuado desde la función pública que criminaliza la defensa de los derechos humanos, y no toma en cuenta que “la defensa de los derechos de las personas migrantes también es defender los derechos de todo el entorno social”.

En la mayoría de las agresiones y las amenazas participan —alguna manera— funcionarios en distintos niveles de gobierno. Un contexto grave, pues se habla de la participación del Estado en la gestión, participación u omisión que permite la acentuación de las violencias.

Por su parte, Melissa Vértiz, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, explicó que existe una tendencia a nivel mundial de caracterizar las políticas migratorias desde un perfil de control y de criminalización migratoria.

Al respecto, resaltó: “Es importante decir que hay un marco normativo que protege ciertos derechos pero no precisamente garantiza la labor a las personas defensoras”.

Dijo que no se trata sólo de reformar la Ley de Migración y de Refugiados, sino otros marcos normativos como educación, salud o inclusive el derecho al agua que, al igual, limita el papel de defensores, así como la capacidad de articulación y propuesta colectiva.

Los representantes de las organizaciones coincidieron en corresponsabilizar a las anteriores administraciones. Asimismo, reiteraron que el Mecanismo de Protección de Periodistas y defensores no funciona.