Derechos Humanos con un panorama complejo

Empieza el 2024 y con ello un año intenso en cuanto a lo político, lleno de desafíos para los derechos humanos. El contexto electoral marcará, sin duda, los meses por venir. Las perspectivas que guiarán a las plataformas políticas que protagonizan esta disputa parecen ya dibujadas. De un lado, el intento de utilizar la persistente crisis de derechos humanos como arma arrojadiza al hacer una evaluación crítica de la actual administración. Una perspectiva que si bien puede ser políticamente comprensible, termina teniendo poca credibilidad y siendo poco más que una instrumentalización electoral de la gran tragedia nacional, al efectuarse por actores provenientes de formaciones políticas que en el pasado contribuyeron a que esa crisis se generara. Del otro lado, la pretensión de subsumir la compleja y amplia agenda de las víctimas en la anunciada propuesta de modificar el mecanismo de selección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ésta, más allá de los enormes riesgos que entraña para el Estado de Derecho, de ninguna manera solventaría la profunda crisis de impunidad que vive el país, más vinculada con el mal funcionamiento de las fiscalías y con el modelo de seguridad militarizado y centralista, que con el de los jueces y juezas. En este panorama, es difícil que los derechos humanos tengan espacios de escucha seria en las plataformas que están por disputar la Presidencia y el momento parece poco propicio para impulsar propuestas de gran calado. Máxime porque a este panorama se suma la desinformación que genera la conferencia matutina presidencial, que en su afán de minimizar la crítica realidad de los derechos humanos en el país, desata retóricas tóxicas. Ejemplos nítidos y recientes de esta deriva son la cuestionable revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la descalificación en contra de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos —como el Centro Prodh—, cuestiones ambas que se agudizaron en las últimas semanas del 2023. De la revisión del Registro Nacional, ya se ha hablado bastante. Aquí hemos indicado una y otra vez que los esfuerzos institucionales tendrían que dirigirse más bien a lograr que funcionen herramientas clave como el Banco Nacional de Datos Forenses, hoy inoperante por la negligencia de las fiscalías.

Hemos aceptado también que la revisión del Registro es necesaria pues por la propia naturaleza de las desapariciones puede haber tanto fenómenos de “sobre registro” pensemos en las familias que acuden a denunciar a varias entidades federativas, como fenómenos de “sub registro” pensemos en las desapariciones de migrantes, que probablemente sean los más abundantes.

Pero dado lo delicado del tema, muchas voces han indicado también que esta revisión tendría que haberse hecho con el más extremo cuidado y con la mayor transparencia posible. Estas características, lamentablemente, no han estado presentes en la actual revisión. La adopción de nuevas categorías con las denominaciones “personas ubicadas”, “personas sin datos suficientes para ser identificadas” y “registros sin indicios para la búsqueda” —donde se acumulan los casos de casi 80,000 personas— es sumamente cuestionable: no están previstas en la ley y no se encuentran bien definidas. En cuanto a las descalificaciones contra las organizaciones civiles, hay que insistir en que atacar al mensajero no cancela la veracidad del mensaje. En el caso del Centro Prodh, desde la conferencia presidencial se ha dicho con falsedad que supuestamente hemos actuado de forma desleal en el caso Ayotzinapa por denunciar la existencia de tortura en la investigación que derivó en la llamada “verdad histórica” y se ha llegado a afirmar que incluso “manipulamos” a las víctimas. Tristemente, de esa manera se termina reivindicando la investigación plagada de irregularidades que realizó la anterior administración, se relativiza la gravedad de los efectos de la tortura en un proceso penal y se repite la ofensiva narrativa muy frecuente en los gobiernos anteriores, según la cual las víctimas no tienen agencia sobre sus procesos y luchas.