Desplazamiento forzoso, un clima de corrupción e impunidad

Chiapas se encuentra repuntando entre los cinco municipios con mayor problema de desplazamiento interno forzoso por violencia en el país. Y dentro de ello está también, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México y Guerrero. En un clima de corrupción e inpunidad; se han generado enfrentamientos prolongados entre las fuerzas armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado, las desapariciones, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales, extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios, violaciones graves a los derechos humanos, ejercidas por autoridades municipales, estatales y federales, generalizadas o sistemáticas, han sentado las bases para una nueva ola de desplazamiento interno forzado en el país. Los Principios Rectores de los desplazamientos internos de la ONU, señalan que los desplazados internos son “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su  hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”. El desplazamiento interno puede tomar distintas formas: individual o gota a gota tiende a ser un desplazamiento invisible, que involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad. Y episodios de desplazamiento masivo, es decir, la movilización simultánea de diez o más núcleos familiares por una misma causa, tiende a tener lugar después de un ataque dirigido hacia los habitantes de una comunidad. Debido a problemas entre partidos y por la omisión de las autoridades en México, un grupo de indígenas en Chiapas, se mantienen desplazados de sus hogares. Desde hace 25 años, a raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas las comunidades indígenas mantienen problemas de desplazamientos por violencia amenazados por grupos paramilitares. Actualmente de acuerdo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, en este estado sureño de México, hay más de 6000 personas que viven huyendo a causa de conflictos entre partidos políticos. Actualmente un grupo de indígenas en Chiapas pide la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO),

para poder regresar a sus comunidades de origen, tras 8 años de vivir bajo amenazas de grupos paramilitares que señalaron pertenecen al Partido Verde Ecologista de México y al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Más de 6000 personas viven en situación de desplazamiento forzado en Chiapas por problemas políticos principalmente. Los afectados en su mayoría indígenas, piden a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno retornar a sus hogares para tener una vida normal. Es necesario un programa de acceso a viviendas del que puedan beneficiarse las personas desplazadas, el cual les permita vivir en condiciones de dignidad en tanto retornan a sus hogares; lo mismo programas de subsistencia, atendiendo a sus habilidades y conocimientos.