Deuda judicial: La CIDH mantiene bajo la lupa a Argentina por encubrir un crimen de odio institucional

Buenos Aires.- A 15 años del asesinato del suboficial de la Prefectura Naval Argentina, Octavio Romero, el caso se mantiene como uno de los símbolos más críticos de impunidad y discriminación institucional en el cono sur. El homicidio, perpetrado el 11 de junio de 2011, ocurrió semanas después de que el agente solicitara autorización formal a sus superiores para contraer nupcias, en lo que se habría convertido en el primer matrimonio igualitario dentro de las fuerzas de seguridad del país tras la histórica legalización de la ley en 2010.

A pesar de que el cuerpo sin vida de Romero fue hallado flotando en el Río de la Plata y de que existían testimonios sobre amenazas telefónicas, castigos y pintadas homofóbicas en su lugar de trabajo, la Fiscalía Nacional N° 40, a cargo de Estela Andrades, descartó investigar la hipótesis de un crimen de odio. La instrucción judicial enfocó sus baterías en criminalizar y revictimizar a la pareja del prefecto, Gabriel Gersbach, recurriendo a interrogatorios plagados de prejuicios de género orientados a desacreditar a los denunciantes.

Auditorías posteriores revelaron que la justicia argentina obstaculizó activamente el esclarecimiento del caso. En 2015, una filtración anónima detalló la existencia del "Operativo Dignidad", un despliegue perpetrado por 13 elementos de la fuerza naval para impedir el matrimonio homosexual de un miembro en activo, el cual incluía el ocultamiento de un disco duro con pruebas del homicidio. El juez Jorge A. de Santo retrasó el allanamiento del edificio por 15 días, tiempo suficiente para que la evidencia fuera destruida.

Ante la falta de garantías procesales locales, el expediente escaló al plano internacional. En 2022, el Estado argentino reconoció formalmente su responsabilidad internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar el derecho a la tutela judicial efectiva y no proteger la integridad de las víctimas. Si bien se pactó un acuerdo de solución amistosa que contemplaba reparaciones simbólicas y capacitaciones obligatorias en perspectiva de género, diversas medidas fueron suspendidas tras la llegada del presidente Javier Milei al poder.

La persistencia de la impunidad en el caso de Romero coincide con un panorama alarmante para las minorías en la nación sudamericana. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio registró un récord histórico de 227 casos, consolidando una tendencia donde el Estado e instituciones públicas tuvieron responsabilidad directa en el 53.30% de los expedientes, reflejando que la violencia ejercida por corporaciones policiales continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes en materia de seguridad democrática.