Digitalización de datos pone en riesgo derechos humanos de migrantes

Tuxtla.- La digitalización puede apoyar o poner en riesgo los derechos humanos, pues la inteligencia artificial (IA) con datos precargados de cierta forma pueden discriminar a grupos o comunidades, dijo Mariana Franco, del Centro de Información Empresas y Derechos Humanos.

Ejemplificó con la perfilación de migrantes que Estados Unidos usará para identificar rasgos faciales, situación que puede poner en riesgo los derechos humanos y el derecho al libre tránsito, entre otros.

Aunque el uso de tecnologías comenzó hace años con la vigilancia de la frontera norte, desde las cámaras de visión nocturna, hasta el uso de drones también en la frontera sur del país y la recopilación de datos biométricos.

En el caso de los escáneres, en un reporte de actividades del 2017 del Instituto Nacional de Migración (INM), dice que 600 de sus agentes recibieron un entrenamiento por parte de la Embajada de Estados Unidos para operar ese tipo de equipos.

Santiago Narváez, investigador de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, agregó que desde hace varios años, Estados Unidos dona y opera equipos de espionaje para México.

“La IA nos acorta brechas pero también puede poner en riesgo. Un ejemplo es un jueguito que, a través de inteligencia artificial, te ponía un perfil de superhéroe que, como resultado de su aplicación, obtuvo datos de los rasgos faciales”, insistió Mariana Franco.

El segundo resultado que preocupó a la sociedad civil es la sexualización de las mujeres a partir de estas dinámicas digitales. Para Franco, esto quiere decir que la inteligencia artificial tiene información preestablecida en un contexto de violencia de género.

“Y muchas otras situaciones sólo por mencionar un ejemplo de lo que puede hacer la IA. Hay una convención ahorita que se está discutiendo en la Unión Europea para poner el tema sobre la mesa”.

Pero el contexto preocupa porque los espionajes a partir software espía se ha utilizado, sobre todo por el gobierno mexicano para vigilar a personas defensoras de derechos humanos y hasta quienes trabajan en la institución para saber que están haciendo en sus teléfonos.