Emiten recomendaciones a la GN y al INM por agresión a migrantes en Chiapas

Tuxtla.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que llevó a cabo la Recomendación 215/2022 a la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodriguez Velázquez, así como al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad personal, y contra el principio del interés superior de la niñez, cometidas por al menos, nueve personas servidoras públicas pertenecientes al Servicio de Protección Federal (SPF) de la SSPC, a la Guardia Nacional (GN) y al INM, en contra de 28 personas en condición de migración, quienes, el 25 de marzo de 2020, se encontraban alojadas en la estación migratoria (EM-SXXI) en Tapachula, Chiapas.

El organismo precisó que, el 25 de marzo del año 2020, la CNDH recibió escritos de queja de once personas, entre las que se encontraban cuatro de las víctimas agredidas.

En sus escritos, los promoventes coincidieron en señalar que, ese día, a partir de las 17 horas, un grupo de casi cien personas originarias de Honduras y El Salvador, se concentraron en el patio del módulo de hombres del recinto migratorio, protestando por su estancia prolongada en ese lugar y solicitando la resolución de su situación migratoria, además de que algunos de ellos intentaron escapar subiendo por la barda perimetral.

En los testimonios recabados por esta Comisión, se señala también que, a las 19 horas de ese mismo día, elementos de la GN ingresaron a la Estación Migratoria portando equipo antimotines con la finalidad de disuadir al grupo protestante, y que, 24 de las personas manifestantes que fueron identificadas por las autoridades, fueron conducidos a los baños donde se les agredió física y verbalmente, para finalmente trasladarlos a la Estancia Provisional del INM en San Cristóbal de las Casas (EP-SC) y a la Estación Migratoria en Palenque (EM-PO).

Este Organismo Autónomo considera que las autoridades señaladas como responsables, no realizaron ninguna acción tendiente a brindar información exacta sobre la determinación que tomaría la autoridad migratoria para resolver la situación de las personas alojadas, ni informarles el estado de sus Procedimientos Administrativos Migratorios, y contrario a ello, se les mantuvo en la incertidumbre jurídica.