Empleo informal en Chiapas, un desafío económico

Tuxtla.- Más del 75% de la población económicamente activa en Chiapas depende de la economía informal para obtener sus ingresos, un fenómeno que coloca al estado entre los primeros lugares nacionales en este rubro, de acuerdo con datos del INEGI.

Frente a esta realidad, el presidente del Centro Empresarial de Chiapas (CECH), Luis Alberto Estrada Contreras, hizo una distinción crucial: la informalidad laboral no debe equipararse con actividades al margen de la ley. Subrayó que, si bien representa un reto mayúsculo en términos fiscales y de seguridad social, surge principalmente como una estrategia de supervivencia ante la escasez de empleos formales.

“No están haciendo algo ilegal”, aclaró Estrada Contreras en referencia a las miles de personas que emprenden pequeños negocios, como venta de alimentos o artesanías desde sus hogares. “Simplemente están trabajando de manera informal para ganarse la vida. Es un patrón que, históricamente, ha sido el origen de una gran parte de las empresas en México”.

El líder empresarial describió la situación como de “doble complejidad”. Por un lado, el Estado deja de percibir contribuciones fiscales y los trabajadores carecen de acceso a seguridad social. Por el otro, los propios emprendedores operan sin protección legal ni posibilidad de acceder a programas de apoyo gubernamental o financiamiento.

Estrada Contreras instó a las autoridades a ir más allá del discurso y materializar políticas que fomenten la formalización a través de acompañamiento, capacitación y una mayor vinculación institucional.

Asimismo, destacó las ventajas concretas que obtienen las empresas al dar el paso a la formalidad. “Cuando una empresa se formaliza, sus colaboradores acceden a prestaciones como seguro social, aguinaldo y vacaciones. Esto no solo eleva su calidad de vida, sino que fortalece su compromiso y contribuye al desarrollo de la empresa”, explicó.

Reiteró que el rol del sector empresarial es facilitar herramientas y guiar a los emprendedores en esta transición. “El objetivo no es criminalizar, sino reconocer el esfuerzo y ayudar a que estas actividades encuentren mayor estabilidad, certeza jurídica y oportunidades de crecimiento dentro del sector formal”, concluyó.