Entre la protección y el temor al espionaje

El reciente aprobado por el Congreso mexicano de nuevas leyes en materia de seguridad e inteligencia ha desatado un intenso debate en torno a su posible impacto en las libertades civiles. La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina, defendió la legalidad de estas medidas, afirmando que no se trata de una carta blanca para el espionaje estatal, como han sostenido algunos críticos.

“Es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar, falso. Se miente deliberadamente”, enfatizó Sheinbaum, justificando que cualquier intervención en las comunicaciones privadas debe contar con autorización judicial. Esta posición, sin embargo, no logra disipar las preocupaciones de quienes advierten sobre la posibilidad real de un uso indebido de estas herramientas, que podrían configurar un “estado policíaco”.

Los cambios legislativos buscan, según el gobierno, fortalecer el combate a la delincuencia y mejorar la coordinación entre los distintos niveles del gobierno. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que exige a los concesionarios colaborar en la geolocalización de dispositivos móviles, añade una capa de complejidad a esta ecuación. Para muchos, la obligación de registrar a los usuarios de telefonía celular y vincular estos datos a la Clave Única de Registro de Población (CURP) representa un paso hacia una vigilancia masiva que contraviene principios democráticos fundamentales.

Sheinbaum argumenta que la creación del Sistema Nacional de Inteligencia y Registro de Identidad tiene una función operativa y no de vigilancia. Sin embargo, la distinción resulta poco convincente cuando se considera el contexto de inseguridad que vive el país y los antecedentes de abusos en el uso de tecnologías por parte del Estado. La historia reciente está plagada de ejemplos en los que el poder ha sobrepasado sus límites, haciendo que los ciudadanos cuestionen la verdadera intención detrás de estas reformas.

A medida que la discusión avanza, el desafío del gobierno será demostrar que la seguridad y la privacidad pueden coexistir sin que una sacrifique a la otra. Para ello, es esencial una supervisión adecuada y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen que la nueva legislación se implemente de manera justa y transparente.

Mientras tanto, la sociedad civil y los organismos de derechos humanos deberán permanecer alertas. La vigilancia y el control no son sinónimos de seguridad. Más bien, la verdadera seguridad se construye sobre la confianza, en la que la protección del bienestar social no esté reñida con el respeto a las libertades individuales. El camino hacia un país más seguro no puede basarse en el miedo y la desconfianza hacia las instituciones. En definitiva, la gran pregunta que queda en el aire es si estas nuevas leyes serán un baluarte para la justicia o el inicio de un nuevo capítulo en la lucha contra la libertad de los ciudadanos mexicanos.