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España lidera la regulación global de la IA y trabaja con Europa para blindar los derechos humanos

  • Foto del escritor: Redacción
    Redacción
  • 9 jul
  • 2 min de lectura

Torrelodones (Madrid).- El sector público ha consolidado una estrategia integral para impulsar el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial a través de hackatones de código abierto, colaboraciones directas con universidades y un trabajo conjunto con organismos internacionales como la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así se puso de manifiesto durante las jornadas tituladas ‘Transformación digital e IA en sectores estratégicos’, un foro organizado por la Fundación SEPI en el Campus Los Peñascales y dirigido a directivos de empresas públicas, donde los ejes centrales de debate fueron la gobernanza algorítmica, la soberanía digital y el aprovechamiento estratégico de los fondos europeos para financiar la transición tecnológica.

Uno de los conceptos más relevantes abordados por los especialistas fue el auge de la inteligencia artificial agéntica, una vertiente tecnológica enfocada en la automatización de tareas complejas que promete generar un incremento sustancial en la productividad. De acuerdo con los expertos participantes, la implementación de estos sistemas inteligentes dentro de la administración pública permitirá liberar a los funcionarios de las cargas burocráticas más repetitivas, dándoles la oportunidad de optimizar los tiempos para ofrecer una atención presencial y humana mucho más eficiente a la ciudadanía. Con este fin, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) se encuentra promoviendo competencias de programación orientadas a crear modelos agénticos en código abierto que puedan ser aprovechados libremente por las empresas y el público en general.

En el plano de la legalidad y los derechos fundamentales, se destacó que se lideran proyectos clave para la elaboración de guías de interpretación del pionero Reglamento Europeo de la IA, además de asesorar a países extracomunitarios y colaborar estrechamente con la ONU en lineamientos globales que aseguren que esta tecnología avance en beneficio de la humanidad. Académicos de instituciones como la Universidad Politécnica de Madrid enfatizaron la urgencia de realizar análisis de impacto ético para garantizar que la ciudadanía participe en las decisiones tecnológicas y no se vulneren sus derechos. Finalmente, corporaciones públicas de medios como Radio Televisión Española (RTVE) compartieron sus avances a través de más de una decena de cátedras universitarias destinadas a la investigación de la IA y la red 5G, así como programas de aceleración de 'startups' audiovisuales, demostrando que el sector público busca fungir como un puente unificado entre la academia, el gobierno y la iniciativa privada.


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