Exige Colectiva justicia para mujer indígena

Tuxtla.- La Colectiva Cereza, con sede en San Cristóbal de Las Casas, demandó justicia para Rosa, mujer indígena acusada de delitos que, según la organización, no cometió.

A pesar del protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que Rosa está acusada desde 2021 y posteriormente condenada injustamente por delitos de imposible realización, ya que ella es ciega, lo que fue evidente toda su vida por una enfermedad congénita de retinosis pigmentaria.

En un documento, especificó que Rosa no fue a la escuela ni pudo aprender a leer ni escribir por esta enfermedad, “a los 7 años el deterioro macular ya estaba muy avanzado y solo veía luces y sombras”.

En el protocolo homologado de la Policía de Investigación que la detuvo, se refleja que Rosa tiene discapacidad visual, pero un amparo resolvió para otro de los acusados por los mismos delitos ─y que no se conoce con Rosa ni con la pareja de ella─ que no existían elementos para configurar un delito de secuestro exprés y el juez de Enjuiciamiento lo hizo extensivo también a ella no juzgándola por este delito.

En la apelación, agregó, la Fiscalía presentó alegatos sin base alguna con insuficiencia probatoria y solicitando a los magistrados del Tribunal de Alzada de San Cristóbal que sentenciaran por el delito de secuestro exprés.

“Y aunque lo correcto en todo caso hubiera sido reponer el procedimiento para este delito, no lo hicieron, e impusieron una sentencia condenatoria por secuestro exprés sin debido proceso y violando los derechos de Rosa a la defensa y a presentar pruebas de su inocencia”.

En “compensación”, recordaron que los magistrados de aquel momento (2023) resolvieron que se podrían presentar pruebas en la individualización del delito por secuestro exprés.

“Ahí asumimos la defensa de Rosa, ya que tenía hasta ese momento diverso defensor particular. Lo que no sucedió, ya que el juez de Enjuiciamiento no aceptó la presentación de pruebas, que además iban dirigidas a demostrar la discapacidad visual total de Rosa, lo que es una obligación de oficio por el protocolo mencionado y actualmente por la reciente resolución de la SCJN”.

Entonces, añadió, se volvió a apelar en 2025 “e intentamos presentar nuevamente las pruebas de la discapacidad de Rosa, que no fueron aceptadas por el Tribunal de Alzada a pesar de que tienen la responsabilidad de oficio y la facultad de ‘reparar’ resoluciones”.

Ante este panorama, comentó que de esta manera se creó una situación jurídica para Rosa de violaciones al acceso a la justicia y haber sido condenada por un delito que un juez federal resolvió que no existía y sin la posibilidad de defenderse con pruebas. “Una situación inverosímil pero absolutamente cierta”.

Lo que sucederá el lunes día 12 de enero con la reposición de la audiencia de individualización de la pena por secuestro exprés, dedujo la Colectiva, es que el juez está obligado a admitir las pruebas “que presentaremos y que demostrarán sin lugar a dudas y con los testigos especialistas idóneos que Rosa ya no veía cuando sucedieron los hechos.

Entre otras posibilidades para hallar justicia, refirió que otra opción es que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Indígena, se desistiera en la individualización del delito y “reparara” impulsando o apoyando el reconocimiento de inocencia de Rosa.