Ganan demanda al DIF, pero no pueden cobrar desde hace 10 años

Tuxtla .- Quince años de espera y una década tras una sentencia favorable no han sido suficientes para que Tania Santiago Suárez y su hermano Emiliano reciban justicia.

El caso del despido injustificado de su madre, Gregoria Suárez, del DIF estatal se ha convertido en un emblemático ejemplo de la impunidad institucional.

La historia comenzó cuando Gregoria, con más de 15 años de servicio, fue despedida bajo circunstancias que su hija califica como "violencia institucional". "La tuvieron secuestrada en una oficina sin su consentimiento, amenazándola, obligándola a firmar un documento con el que no estaba de acuerdo", relata Tania, quien tenía 18 años cuando su madre le encomendó continuar la lucha.

La promesa se cumplió, pero la justicia sigue siendo esquiva. Aunque ganaron el juicio laboral contra el DIF estatal, tres administraciones gubernamentales -las de Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco Coello y Rutilio Escandón Cadenas- han incumplido sistemáticamente la sentencia. "Me daban largas", afirma Tania sobre sus múltiples gestiones.

La deuda es doble: mientras las cuentas bancarias del DIF permanecen embargadas esperando el pago de la liquidación, Emiliano, hoy de 16 años, creció sin la pensión educativa que le hubiera correspondido.

"Si mi mamá no hubiera sido despedida injustificadamente, mi hermano gozaría de una pensión para sus estudios", declara Tania.

La lucha de esta familia refleja un patrón más amplio de opacidad en las instituciones chiapanecas. Pese a tener todo a su favor legalmente, se enfrentan a lo que Tania describe como una "burocracia indiferente" que prolonga indefinidamente el cumplimiento de sus derechos.

"El caso ya está ganado. Solo falta que liberen las cuentas. Ya no hay nada que perder, o sea, sí o sí se tiente que hacer justicia", concluye Tania, manteniendo viva la esperanza de que su perseverancia finalmente rinda frutos para su hermano y para la memoria de su madre.