Grupos políticos, aliados con el CO, despojan, discriminan y reprimen

Tuxtla.- En Chiapas, la estructura política se ha consolidado mediante grupos de poder que se transfieren de familia en familia de élite y con ello cubren la impunidad, aseveró Pedro Faro, coordinador de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Para ellos y ellas, dijo, no importan los colores partidistas, pues se trata de “un mismo cuerpo que se protege para mantener la cúspide de la burocracia gubernamental; son asiduos al robo y a la corrupción”.

El también exdirector del mismo “Frayba” explicó que, de lo anterior, sin duda, emana la violencia hacia los pueblos para despojar, discriminar y reprimir; “en tiempos recientes hemos documentado la política de contrainsurgencia tras el levantamiento armado del EZLN con ocupación militar y paramilitar que permitió graves violaciones a los derechos humanos, la mayoría aún en completa impunidad”.

En la actualidad, refirió que los sucesores del paramilitarismo, por lo regular organizaciones corporativistas con brazos armados aliados a los gobiernos, junto a otros grupos de la delincuencia organizada, erosionan la paz de las comunidades que vivían medianamente de los años 90’s hasta la actualidad.

CRISIS DE DERECHOS HUMANOS

Recordó que el gobierno morenista de Rutilio Escandón Cadenas (2018-2024) se caracterizó por una narrativa oficial de gobernabilidad y de paz, mientras que en los territorios se profundizaba una crisis estructural de derechos humanos.

Bajo el manto de esa institucionalidad ―agregó― se gestó un periodo inédito y oscuro marcado por el crecimiento exponencial de grupos armados, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia y complicidad gubernamental.

Recordó que del periodo de 2023 a 2024 se registraron alrededor de 1,780 personas desplazadas por la delincuencia organizada en complicidad efectiva del Estado.

“También se vivieron cientos de asesinatos, personas desaparecidas, defensores ambientales asesinados, y comunidades silenciadas por el miedo”, expuso Pedro Faro, quien lamentó que la protesta social fuera silenciada y creciera de forma preocupante la omisión institucional.

Entre el caos gubernamental y los caminos de lucha y resistencia, dijo que Chiapas se convierte en un laboratorio de control territorial, clientelismo electoral y manipulación mediático, lo que distorsiona la verdadera realidad y donde la paz no tiene sosiego.

CERO GOBERNABILIDAD

“Hay que insistir: durante el gobierno de Escandón Chiapas vivió una ausencia total de gobernabilidad. Esos territorios controlados por el ‘cuarteto de mal’: la delincuencia organizada, empresas nacionales e internacionales, gobiernos de los tres niveles y organizaciones corporativistas”.

En la actualidad, mencionó que en esa búsqueda de hacer algo por regresarle la paz al estado, el gobierno chiapaneco se ha caracterizado por recorrer el territorio con un aparato de mercadotecnia, es decir un montaje escénico de seguridad.

Mencionó que hay una profunda contradicción en el discurso gubernamental, pues por un lado se reconoce la grave crisis de violencia marcado por el sexenio morenista anterior, pero por el otro se encubre con una narrativa de pacificación que no corresponde con lo real.

Con la entrada de Eduardo Ramírez, lamentó que aún no haya reconocimiento a las víctimas ni voluntad política para desmontar las redes de corrupción e impunidad que sostienen lo que muchas comunidades nombran como un “narco-gobierno”.

Lo que se presenta como “mano dura” y pactos de civilidad ―consideró― es sólo una estrategia de control que fusiona el gobierno con las estructuras criminales, lo que se traduce en represión, silenciamiento y abandono institucional.

Ante esta “paz simulada”, Pedro Faro mencionó que observan con profunda preocupación cómo se impone una narrativa oficial por acuerdos endebles entre el gobierno y grupos criminales. “La violencia no ha cesado, sólo ha mutado”, atajó.

En sí, aseveró que el Estado, lejos de proteger, se volvió cómplice de una espiral armada que amenaza la vida, la autonomía y la dignidad de los pueblos.