Insisten ONG’s en la libertad de 5 defensores de derechos humanos

Tuxtla.- El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU evidenció la criminalización y detención arbitraria, en 2022, de los defensores de derechos humanos originarios del municipio de San Juan Cancuc: Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco.

Como se ha informado, los cinco defensores tseltales permanecen presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, en San Cristóbal de Las Casas.

Las organizaciones Amnistía Internacional, Taula per Mèxic, FIDH, Front Line Defenders, SweFOR, OMCT, SIPAZ e IPRI externaron que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y a Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al gobierno de México el 22 de julio de 2024.

La respuesta del gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024 y para el 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial, expusieron.

En sí, refirieron que la detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan; tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados.

La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del juez en el desarrollo del proceso penal, resaltaron, y agregaron que no existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la normal.

Detallaron que Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

Los detenidos, subrayaron, no tuvieron acceso a un intérprete español–tseltal ni en el momento de su detención, ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

Entre otros detalles, afirmaron que las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen.

A su vez, añadieron, “las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver. Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tseltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español”.

Ante ello, solicitaron que el gobierno de México los ponga en libertad inmediata y les conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

“Que haga una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco individuos y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.