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Justicia para los 43: Ordenan a las Fuerzas Armadas entregar archivos de inteligencia

  • EFE
  • hace 2 días
  • 2 Min. de lectura

CDMX.– Un juzgado federal emitió una sentencia histórica al ordenar al Ejército mexicano la entrega total de la información de inteligencia generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) de Iguala, Guerrero. El fallo, dictado por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, resuelve el juicio de amparo 1350/2023 y determina que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) debe facilitar el acceso a todos los documentos elaborados por dicha instancia, así como por otros departamentos militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.


La resolución judicial señala la existencia de una brecha de aproximadamente 853 folios que no han sido entregados a las familias, estimando que la falta de continuidad en la numeración de los archivos es un indicio claro de que la información obra en poder de las autoridades militares. Esta decisión deriva de una demanda presentada en agosto de 2023 por las madres y padres de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes denunciaron la omisión y el ocultamiento de reportes clave que fueron revelados previamente en los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El juez subrayó que la información solicitada no puede ser clasificada como confidencial o secreta, dado que prevalece el derecho a la verdad y el interés de las víctimas y la sociedad por esclarecer violaciones graves a los derechos humanos. El fallo reconoce que la Defensa ha incumplido con el decreto presidencial de 2018 que obliga a todas las dependencias federales a colaborar plenamente en el caso. Esta orden judicial busca romper el estancamiento de la investigación, el cual ha sido señalado incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la resistencia castrense.

A más de once años de los trágicos hechos en Iguala, esta sentencia refuerza las medidas cautelares previas que prohíben al Ejército destruir, depurar u ocultar cualquier documento vinculado al caso. La resolución representa un avance significativo en la lucha legal de las familias, quienes mantienen sus exigencias ante la justicia federal para acceder a las comunicaciones internas y reportes de seguimiento que podrían ser determinantes para conocer el paradero de sus hijos y alcanzar la justicia en uno de los expedientes más emblemáticos del México contemporáneo.

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