Justicia para Rosa: queda libre mujer indígena con discapacidad visual acusada de secuestro

Tuxtla.- Rosa, mujer indígena acusada de delitos que no cometió “ya durmió ayer en su casa. El juez con buen criterio aplicó un enfoque de ajuste razonable y declaró la inimputabillidad por discapacidad visual permanente aplicando los derechos humanos, perspectiva de discapacidad, de género e interculturalidad”.

Así lo informó la Colectiva Cereza, misma que celebró que la autoridad aceptara sus argumentos, testigos que fueron idóneos y pruebas materiales contundentes para demostrar la discapacidad visual actual y anterior y que es permanente, además de la propuesta de que la medida de seguridad fuera su domicilio, por lo que quedó a cargo de su hermana.

“Con esto se cumple la resolución de la apelación en la que se reponía la audiencia de individualización de la pena. Mientras preparamos el siguiente paso jurídico para resolver de fondo la situación jurídica de Rosa y además impulsando carpetas administrativas y penales para los ministerios públicos y policías que violaron sus derechos construyéndole delitos falsos”, argumentó.

El pasado 10 de enero, El Sie7e de Chiapas publicó una nota en la que la Colectiva Cereza demandó justicia para Rosa, acusada desde 2021 y posteriormente condenada injustamente por delitos de imposible realización, ya que ella es ciega, lo que fue evidente toda su vida por una enfermedad congénita de retinosis pigmentaria.

En un documento, se especificó que Rosa no fue a la escuela ni pudo aprender a leer ni escribir por esta enfermedad, “a los 7 años el deterioro macular ya estaba muy avanzado y solo veía luces y sombras”.

FABRICACIÓN DEL DELITO

En el protocolo homologado de la Policía de Investigación que la detuvo, se refleja que Rosa tiene discapacidad visual, pero un amparo resolvió para otro de los acusados por los mismos delitos ─y que no se conoce con Rosa ni con la pareja de ella─ que no existían elementos para configurar un delito de secuestro exprés y el juez de Enjuiciamiento lo hizo extensivo también a ella no juzgándola por este delito.

En la apelación, agregó, la Fiscalía presentó alegatos sin base alguna con insuficiencia probatoria y solicitando a los magistrados del Tribunal de Alzada de San Cristóbal que sentenciaran por el delito de secuestro exprés.

“Y aunque lo correcto en todo caso hubiera sido reponer el procedimiento para este delito, no lo hicieron, e impusieron una sentencia condenatoria por secuestro exprés sin debido proceso y violando los derechos de Rosa a la defensa y a presentar pruebas de su inocencia”.

En “compensación”, recordaron que los magistrados de aquel momento (2023) resolvieron que se podrían presentar pruebas en la individualización del delito por secuestro exprés.

“Ahí asumimos la defensa de Rosa, ya que tenía hasta ese momento diverso defensor particular. Lo que no sucedió, ya que el juez de Enjuiciamiento no aceptó la presentación de pruebas, que además iban dirigidas a demostrar la discapacidad visual total de Rosa, lo que es una obligación de oficio por el protocolo mencionado y actualmente por la reciente resolución de la SCJN”.

Entonces, añadió, se volvió a apelar en 2025 “e intentamos presentar nuevamente las pruebas de la discapacidad de Rosa, que no fueron aceptadas por el Tribunal de Alzada a pesar de que tienen la responsabilidad de oficio y la facultad de ‘reparar’ resoluciones”.

Ante este panorama, comentó que de esta manera se creó una situación jurídica para Rosa de violaciones al acceso a la justicia y ser condenada por un delito que un juez federal resolvió que no existía y sin la posibilidad de defenderse con pruebas. “Una situación inverosímil pero absolutamente cierta”.