La desaparición de personas sigue siendo “persistente” en México

Hay una crisis de desapariciones forzadas de personas en México. El gobierno mexicano ha admitido la existencia de más de 80.000 personas desaparecidas o no localizadas en el país un número que crece diariamente de forma literal. La desaparición de cada una de estas personas no sólo viola sus derechos humanos a la vida, a la libertad de detenciones arbitrarias y torturas, y ser reconocidos por la ley pero este acto abominable viola los derechos de sus familias y causa un trauma profundo en comunidades mexicanas. El propio Subsecretario de Derechos Humanos del gobierno mexicano ha notado que México es una enorme tumba clandestina. La desaparición de personas es un problema “persistente” en México y Centroamérica y deja en vulnerabilidad a los familiares de las víctimas, advirtió este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un encuentro sobre el tema en Guatemala. Cada año, miles de personas desaparecen en la región por la persecución política, las peligrosas rutas migratorias hacia México y Estados Unidos, la trata de personas y el crimen organizado que provocan complicaciones en los procesos de búsqueda para los familiares, según la Cruz Roja. “El fenómeno es persistente en la región y se manifiesta de diferentes formas y deja a las familias muy desprotegidas“, dijo a la AFP el coordinador regional del programa de búsqueda de desaparecidos para México y Centroamérica del CICR, el francés Jerémy Renaux, quien lamentó que no haya datos oficiales. En muchos “países aún existe mucho temor por parte de las familias de sufrir represalias o revictimización al reportar sus casos ante las autoridades” y por eso no lo hacen, agregó Renaux en el encuentro que reunió a varios familiares de desaparecidos. En la conferencia de tres días participaron familias de desaparecidos de El Salvador, Honduras, México y Guatemala en el poblado indígena de Santiago Sacatepéquez, al oeste de Ciudad de Guatemala. “Lo único que deseo del mundo es volver a verme en los ojos de mi hijo. Tenía 14 años. Era un niño”, contó a la AFP la mexicana Emma Mora al recordar la desaparición de su hijo José Alberto en 2011 en Acapulco, posible víctima de la violencia del narcotráfico. En tanto, la salvadoreña Maritxa Menjívar no pierde las esperanzas de encontrar a su esposo Antonio Abrego, quien desapareció en agosto de 2020 tras ingresar a suelo estadounidense de forma irregular. De acuerdo con Renaux, en México se contabilizan un total de 133 mil 624 personas desaparecidas desde los años 1950, mientras que en Centroamérica existe una “fragmentación” de datos oficiales. El Salvador, Guatemala y Honduras carecen de una ley de desaparecidos que reconozca los derechos tanto de la persona desaparecida como de sus familiares, por lo que no hay obligaciones claras de las autoridades, lamentó Renaux. La crisis de desapariciones se ha desplegado como parte de un patrón mayor de violencia criminal en México, impulsada por las actividades del crimen organizado y el involucramiento, apoyo, o aquiescencia de actores estatales en esas actividades criminales. Las desapariciones ocurren frecuentemente con la intervención directa e indirecta de agentes gubernamentales. Estos actores estatales podrían corresponder a una parte de una red de macro-criminalidad en donde se promueven los fines del crimen organizado. Aún cuando el Estado no esté directamente involucrado con una desaparición, tiene una responsabilidad positiva de prevenir y castigar a los perpetradores y también de buscar a los desaparecidos. El contexto de impunidad en México ha contribuido a la crisis de desapariciones. La falta de información sobre desapariciones es usada para justificar la falta de rendición de cuentas y justicia, un caldo de cultivo para la violencia sin obstáculos. Al mirar estos casos más de cerca, sin embargo, se demuestra que oficiales gubernamentales rara vez investigan las desapariciones de una manera oportuna y efectiva como la ley lo requiere, o siquiera hacen un mínimo esfuerzo para encontrar el paradero de los desaparecidos. Esto se puede deber a la dificultad de tal investigación o al miedo a llevarla a cabo en un contexto de crímenes violentos. De forma alternativa, la falta de búsqueda o investigación ha sido usada para encubrir el involucramiento de los mismos agentes estatales.