Llaman activistas a no normalizar la crueldad animal en Chiapas

Tuxtla.- La violencia contra perros y gatos en Chiapas es una emergencia diaria,  advirtió Claudia Cisneros, fundadora de la organización Huellas Chiapas, quien reveló que una red de 15 rescatistas recibe entre uno y dos reportes graves de maltrato animal cada día en la entidad.

"Diario, todos los días hay reporte", afirmó Cisneros en entrevista, al describir la frecuencia de agresiones que incluyen envenenamientos, heridas de machete, disparos con arma de fuego y casos de zoofilia (abuso sexual contra animales). La activista especificó que muchos incidentes ocurren en municipios del interior del estado, particularmente en Berriozábal, donde se han registrado ataques con armas de fuego.

Según Cisneros, las cifras oficiales subestiman la magnitud real del problema, ya que un solo reporte puede involucrar múltiples víctimas. "Estamos hablando de 10, de 15 perros. Hace tres años se documentó un envenenamiento de más de 40 perros en la colonia Montecristo", recordó.

Frente a este panorama, la fundadora de Huellas Chiapas identificó como principal obstáculo la desconfianza ciudadana en las instituciones. "Hay un pensamiento constante que es el de 'no va a pasar nada, no va a trascender'", señaló.

No obstante, reconoció avances significativos en el ámbito municipal de Tuxtla Gutiérrez, donde el ayuntamiento ha comenzado a imponer sanciones económicas concretas. Citó como ejemplo el caso del "perrito Rambo", que resultó en una multa de 23,000 pesos, y un criadero clandestino de pastores alemanes en el centro de la ciudad, sancionado con más de 15,000 pesos.

"Esto es muy importante porque hasta donde sabemos, antes no se hacía. La sanción tiene un efecto inhibitorio", afirmó Cisneros.

En contraste, su evaluación sobre la Fiscalía General del Estado fue crítica. "Hasta el momento no podemos hablar de sentirnos satisfechas", expresó. Como ejemplo, mencionó el caso de una perrita en Chiapilla que en julio-agosto de este año fue arrastrada por un mototaxi, despellejada y abandonada en un baldío mientras estaba embarazada.

"Inmediatamente cuando el caso se expone en redes sociales, la misma fiscalía saca un comunicado diciendo que van a abrir una carpeta", relató la activista, sugiriendo que la reacción institucional suele llegar solo tras la presión social y mediática, evidenciando falta de proactividad en la investigación de estos delitos.