Migrantes, a merced de asaltos y agresiones

Tuxtla.- De acuerdo con el albergue “Una Ayuda Para ti, mujer migrante”, con sede en Tuxtla Gutiérrez, la mayor parte de las personas que acuden a las instalaciones fueron asaltadas y además golpeadas por uniformados, identificados como policías estatales.

Yaneth Gil Ardón, representante de esa AC, explicó que la entrada masiva de personas a México, también visibilizó los riesgos que enfrentan en esta ruta. Aunado que en los últimos tres años los gobiernos de los países que integran el triángulo del norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), además de Estados Unidos y México, acordaron desintegrar caravanas y contener a la migración en la frontera sur de este país donde se mantiene un despliegue militarizado desde el 19 de marzo.

En consecuencia, el crimen organizado reabrió nuevas rutas que incrementan los riesgos para las personas migrantes, siendo el menor de ellos el coronavirus.

Las bitácoras de algunos albergues en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, señalan que en el 90 por ciento de las personas que ingresan, sin distinción de nacionalidad, fue víctima del crimen organizado que los despoja de sus pertenencias, asimismo de policías y de los mismos agentes de migración que les cobran 3 mil pesos para que les permitan avanzar.

Asimismo, aseguran que son interceptados sobre todo en zonas consideradas de alto riesgo en las regiones de la Meseta Comiteca, Maya, Selva Lacandona y Sierra Mariscal.

Para el Centro de Dignificación Humana tanto la autoridad como los delincuentes están vinculados, pues las personas en movilidad humana representan grandes ganancias para ambos bandos.

“El que no trae dinero lo detienen. Migración los identifica ya sea por señas u otro tipo de distinción cuando se sube a los autobuses; solo bajan a los que no pagaron previamente. Todo es un contubernio, una aberración”, dijo el activista Luis García Villagrán.

Coinciden en que la migración no va a parar, aunque Estado Unidos envíe y ordene el incremento de tropas para resguardar la frontera sur de México, como fue anunciado a principios de 2021.

La situación aún preocupa a la sociedad civil, pues el discurso del Instituto Nacional de Migración de ‘rescates humanitarios’ en el contexto de la corrupción y un despliegue militarizado en Chiapas y Tabasco, deja a los migrantes con más riesgos y con menos opciones de que sean reconocidos sus derechos humanos.