Migrantes, “carne de cañón” para el crimen organizado

Tuxtla.- Para Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, el endurecimiento de las políticas migratorias en México y Guatemala deja a migrantes en manos del crimen organizado, pues más allá del narcotráfico, la trata de personas es el delito que provoca más violencia en la frontera del río Suchiate.

“Donde quiera hay historias desgarradoras y se comprende la situación migrante, pero también vemos los números, las estadísticas, las razones, los argumentos del oficialismo, de los gobiernos involucrados en el tema que ese contraponen en serio a la realidad”, dijo.

Comentó que el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Alejandro Giammattei, en el vecino país, ha provocado que los migrantes queden totalmente en manos del crimen organizado, “las ejecuciones que hay en Suchiate y en buena parte de la frontera sur, tiene mucho que ver con el narcontráfico y la trata de personas migrantes”.

De acuerdo con el defensor de los derechos humanos, la situación de Chiapas es bien complicada porque son dos carteles que se dividen el estado para acaparar el tráfico de drogas y personas, situación que afecta principalmente a la niñez y a las mujeres.

Dijo que los enganchan con ofrecimientos de traslados “a toda costa” en autobuses, vehículos particulares, barcazas o “en cualquier transporte de la muerte”, además les venden visas en 3 mil o 5 mil dólares, los endeudan y en el peor de los casos los secuestran o reclutan.

“El tema es bien complicado, porque no podemos usar el dolor humano para señalar a las autoridades, pero tampoco podemos consecuentarlas”, pues las víctimas no visibles van en aumento, recordó Villagrán.

El pasado 30 de julio, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que entre 2018 y julio de 2023, sus agentes federales detectaron a 160 personas migrantes de diversas nacionalidades víctimas del delito de trata. De ellas 89 son mujeres y 35 hombres asistidos por explotación sexual, y 11 mujeres y 25 hombres por explotación laboral. Durante este año, el INM dijo que solo han ocurrido tres casos en todo el país.

En contraparte, la Unidad de Política Migratoria registró cinco denuncias, cuatro de ellas sucedieron durante enero. Las organizaciones de la sociedad civil han sellado en diferentes momentos la falta de garantías de información y de derechos de las personas migrantes cuando son interceptadas en los traslados, pues no se les proporcionan la opción de denunciar o desinflaman sobre ello, por lo que cifras pueden variar a las oficiales.