Mujer pide justicia tras ser agredidas por uniformados

Tuxtla.- Eugenia de los Ángeles Megchún Herrera, abogada chiapaneca de profesión, denunció que el pasado 22 de abril, como a las 8:40 de la noche, sufrió abuso de autoridad por parte de seis elementos de la Policía de Tuxtla Gutiérrez, de los cuales la mitad eran mujeres.

En principio, dijo, la acusaron de alterar el orden público, sin embargo, aseveró que la oficial Lucerito de Jesús Castellanos Utrilla recibió dinero, de la parte denunciante, para que a ella la arrestaran.

Hasta la fecha y a pesar de que ya presentó su denuncia ante la Fiscalía, lamentó que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alexis Zuarth, no le responda a su inconformidad. “Aunque ya sé cuál es su postura, pero he tratado de encontrarlo”.

En una ocasión, refirió que contactó al alcalde tuxtleco Carlos Morales Vázquez, quien escuchó su argumentación en un espacio a puerta cerrada, y a quien además le mostró la carpeta de investigación, con las pruebas, y el número de registro de atención.

Lo más triste, reveló, es que el presidente municipal aceptó las pruebas, pero le advirtió que no podía tomar cartas en el asunto contra los uniformados agresores, “incluso, él me dijo, de forma nefasta, que todo lo que me pasó fue culpa mía”.

De acuerdo con su versión, Eugenia sufrió lesiones, por ejemplo, en las muñecas de las manos debido a que éstas fueron esposadas de manera abrupta. Incluso, rememora que una policía de nombre Citlalli Cruz Alfaro se montó sobre su pecho y le propinó un puñetazo en el pómulo derecho.

Tras sentirse agredida (lo que incluye arrancamiento de cabello y otros malos tratos), la afectada les solicitó a los uniformados, quienes arribaron al lugar en un vehículo del área de Violencia de Género, que le proporcionaran unas pastillas que tiene en su bolsa para controlar la crisis.

“Pero lo que en realidad hizo uno de ellos fue robarme dinero; todo esto lo sabe Carlos Morales, y como dije, me advirtió que fue mi culpa”, aseguró la denunciante, quien criticó la forma tan “salvaje” como actuaba la elemento Citlalli Cruz. “Ella es una criminal, e incurrió en feminicidio en grado de tentativa”, atajó.

LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO

Según la información proporcionada, ese 22 de abril pasado, Eugenia de los Ángeles acudió a visitar una familia que conoce desde el 2018, pero que en 2022 se hizo su cliente debido a que, como litigante, les iniciaría un juicio sucesorio testamentario ante el fallecimiento de un familiar.

De hecho, explicó que, a pesar de que les realizó el trabajo, no le quieren pagar los honorarios acordados con antelación, “como eran conocidos, les eché la mano en algunas cuestiones, pero ya después ellos me darían 45 mil pesos, porque se trataba de un proceso largo”.

Mencionó que en noviembre de 2022 se efectuó la audiencia testimonial de ese proceso, sin embargo, para febrero de este año sólo una persona (hija) resultó como la única heredera o beneficiaria de la propiedad del fallecido, “pero mis clientes saben qué tipo de hijos fueron, entonces era obvio que no les dejaron nada, pero aun así tienen que pagarme por los servicios prestados”.

Explicó que, como necesitaba su recurso, los comenzó a presionar, sin embargo, relató que no sólo se cambiaron de domicilio, sino hasta de empleo, hasta que los halló en una dirección del fraccionamiento La Ilusión, al norte oriente de esta capital.

El día de la agresión, recordó que Mauricio Avendaño Solís, una de las personas que la contrató para el juicio sucesorio testamentario, la citó en la mencionada dirección, supuestamente para llegar a un acuerdo.

“Pues cuando yo ya estaba ahí, ellos hablan al 911, que estaba haciendo escándalo, que no sabían quién era yo; y que insultaba a las personas, toda una farsa”, detalló la agraviada, quien además puntualizó que otros oficiales que se comportaron déspotas fueron Humberto Hernández Sánchez y Porfirio, quienes llegaron en la patrulla con número de matrícula PC-623.

Empero, reiteró que la oficial Lucerito Castellanos fue quien recibió dinero de parte de los denunciantes, sus exclientes, “yo estaba tranquila, le mostré fotografías de que conocía a esas personas, que eran mis clientes, lo ve ella, primero me da la razón, pero como la corrompieron, se fueron contra mí”.

Pese a que ella intentó retirarse para no tener mayores problemas, lamentó que al final fuera sometida y llevada a un espacio de detención conocido como “La Popular”, donde quedó en libertad luego de pagar una fianza por la supuesta falta administrativa.

Tras dejar en claro que no le devolvieron los más de 400 pesos que un policía le robó, expuso que, además de acudir a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

“Tengo miedo a las represalias, sé que no es fácil ganarles, pero al menos que quede este precedente, y que Carlos Morales y Alexis Zuarth me hagan justicia”.