México debe garantizar los derechos humanos frente a las empresas

Nuestro país es testigo de múltiples casos que perpetúan violaciones a derechos humanos como consecuencia de la actividad empresarial, la cual a pesar de sus impactos al medio ambiente y afectaciones a las comunidades indígenas y campesinas continúan sin acciones concretas para reparar los daños causados. México ha ratificado múltiples Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, así como la adopción de los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos; sin embargo, ese compromiso internacional no se ha traducido en la armonización del marco jurídico que permita prevenir y mitigar afectaciones a los derechos humanos, incluyendo al medio ambiente sano, así como abordar y reparar las mismas cuando llegan a suceder, y también aplicar sanciones pertinentes y proporcionales por dichos daños. Con la llegada del  gobierno se anunció la construcción de megaproyectos en el sureste y centro del país, entre ellos están el Tren Maya, el Corredor del Istmo de Tehuantepec y los gasoductos de Morelos como insignia del sexenio (2018-2024). En estos grandes proyectos de inversión de capital público y privado nacional e internacional para el supuesto desarrollo de las comunidades ha causado violaciones a derechos humanos y al ambiente de comunidades indígenas y cambios en el uso de la tierra y de los derechos de propiedad, a costa de la vida digna, ecocidio, de la libre determinación, entre otros. En 2019, se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos que tuvo como objetivo desarrollar una Política Nacional rectora en materia de derechos humanos. En esta se estableció que el gobierno mexicano se comprometía a “Impulsar la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos adversos generados por la actividad empresarial pública, privada o mixta, y para propiciar la transparencia y rendición de cuentas en las cadenas de valor”. No obstante, fue hasta noviembre de 2022 cuando la Secretaría de Gobernación (SEGOB) presentó el “Diagnóstico Derechos Humanos y Empresas” sobre el estado del marco jurídico y de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos a nivel federal en México de 2019-2022, donde se advierte que es una temática que vincula a la gran mayoría de instancias federales para su atención e implementación. En 2023, la SEGOB manifestó la intención de publicar una Política Nacional; a diferencia de otros países de la región, el gobierno mexicano no consolidó un Plan Nacional, apostó por una Política Nacional.

Sin embargo, las Organizaciones de la Sociedad Civil expertas manifestamos que el documento intenta abordar algunas situaciones sobre cómo el Estado debe cumplir con su obligación última de proteger y garantizar los derechos humanos, pero también manifestamos preocupación porque no haya estrategias que especifiquen y aclaren las obligaciones de respetar los derechos humanos por parte de las propias empresas, así como de inversionistas institucionales en toda actividad pública, privada y mixta, nacional y transnacional. Por lo anterior, es fundamental que la Política Nacional atienda a las debilidades de los mecanismos jurisdiccionales para que sean realmente accesibles, predecibles, equitativos, transparentes, compatibles con los derechos, y una fuente de aprendizaje continuo. Lo anterior debe generarse de manera participativa con las personas y comunidades titulares de derechos y su finalidad será que, a partir de ello, se logre un acceso a la justicia, verdad y reparación acorde a los estándares internacionales para que de manera integral se logre la restitución, no repetición, indemnización, rehabilitación y satisfacción de las víctimas o personas y grupos afectados. Una Política Nacional deberá establecer un marco normativo y acciones concretas para enfrentar los desafíos y lograr cambios positivos, así como su capacidad para generar un impacto social a través de estrategias bien diseñadas y ejecutadas. En ese sentido, ese primer paso que está por dar la SEGOB con la emisión de una Política de Derechos Humanos y Empresas debe abordar las causas de la captura corporativa y la impunidad empresarial, identificando en la estructura de la administración pública las instancias a cargo de prevenir, mitigar y reparar las violaciones a derechos humanos y ambiente.