México y su pobreza laboral

La pobreza laboral se refiere a la situación en la que las personas trabajan, pero su salario no es suficiente para satisfacer la más básica de nuestras necesidades, la alimentación. Es decir, se considera que una persona vive en pobreza laboral cuando su ingreso laboral no alcanza para comprar una canasta básica alimentaria. De acuerdo con los más recientes datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al primer trimestre de 2023, el 37.7 % de la población en México vive en esta condición.

Aunque la información puede verse con optimismo debido a que estamos muy cerca de alcanzar la cifra del primer trimestre de 2020 (36.6 %), la más baja en la última década y estamos muy lejos del 46.6 % registrado en el primer trimestre de 2021, la situación laboral en México obliga a tomar estos datos con cautela. Actualmente, el costo de la canasta alimentaria básica por persona es de $ 2,144 mensuales y el salario mínimo es de $ 207 por una jornada diaria, es decir, un salario mensual de $ 6,223. Por lo que haciendo un sencillo ejercicio en donde con un salario se alimentan dos personas (trabajador y dependiente), tenemos que el gasto solo en la canasta básica es de $ 4,288 al mes. Bajo este supuesto, al trabajador le quedan solo $ 1,935 para pagar servicios (internet, luz, agua), comprar artículos de higiene personal, vestirse, trasladarse y realizar actividades de esparcimiento.

Ahora bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 20 millones 711 mil 464 personas que laboran y ganan el salario mínimo. Es decir, el 35 % de los y las mexicanas que están trabajando, lo hacen con un salario que cubre la canasta básica alimentaria y la de un dependiente. Pero que no es suficiente para comprar una canasta básica ampliada que está cotizada en $4,276 por persona e incluye productos para la higiene y cuidado personal, servicios de transporte público, servicios para la vivienda, ropa y calzado, productos relacionados con la educación, servicios de salud y el entretenimiento. Si a lo anterior le sumamos que 6 de cada 10 empleos se realizan en el sector informal de la economía y por ende las relaciones laborales ocurren al margen del marco jurídico, no hay manera de asegurar que el grueso de los trabajadores disfruten de las condiciones laborales plasmadas en nuestras leyes.

Por lo que si bien han existido incrementos graduales en el salario mínimo en los últimos años, esta debería ser solo una de las múltiples herramientas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Una vez que se ha asegurado que el salario mínimo cubre la alimentación básica, es importante implementar políticas que promuevan la generación de empleos formales y bien remunerados. Esto implica garantizar el acceso a seguridad social, como servicio médico, pensiones y vivienda. Asimismo, se deben diseñar políticas de salario digno que aseguren una remuneración adecuada y justa para los trabajadores tomando en cuenta la desigualdad de género y la discriminación en el ámbito laboral.

Es momento de elevar el concepto de pobreza laboral y que esta no solo se determine por si se tiene acceso o no a la canasta alimentaria básica. Sino que también considere el resto de los derechos sociales, que finalmente son los que nos permiten desarrollarnos plenamente como seres humanos. El 35 % de los y las mexicanas que están trabajando, lo hacen con un salario que cubre la canasta básica alimentaria y la de un dependiente, pero que no es suficiente para adquirir y cubrir el resto de los servicios que se requiere para vivir.