Padre denuncia “mano negra” y omisiones en caso de abuso y retención de su hija menor de edad

Tuxtla.- Un verdadero infierno ha vivido Mauricio, padre de familia chiapaneca, para poder recuperar a su hija, quien ha sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su madre, Carolina “N” y de abuso sexual a manos de un tío materno.

Por culpa de unos jueces, afirmó que no ha podido tener a su pequeña de regreso, e incluso su expareja lo acusó a él de ejercer violencia vicaria, “esta lucha no es solo personal, sino un llamado a la justicia y al respeto irrestricto de los derechos de la infancia en México, en un contexto donde instituciones como el Poder Judicial de Chiapas han ignorado evidencias contundentes de violencia para forzar una entrega irregular que pone en riesgo la integridad de una niña”.

Contó que el caso inició el 3 de mayo de 2024 con una denuncia formal por hechos de violencia física y emocional en agravio de su hija, perpetrados en el entorno materno.

CON LAS PRUEBAS SUFICIENTES

Afirmó que, a lo largo del procedimiento, se acumularon pruebas irrefutables que incluyen la confesión expresa de Carolina “R”, siete videos que documentan fehacientemente los actos de violencia, el audio de los abuelos maternos detallando cómo golpean y piden que se le golpee a la menor.

Entre otras cuestiones, subrayó que hay una declaración ante Fiscalía de la niña en la que denuncia a su madre por la violencia sufrida y a un tío por abuso sexual. Sin embargo, recordó que en 2025 el caso penal tramitado ante la Fiscalía de la Mujer en contra de la madre fue cerrado mediante un criterio de no ejercicio de la acción penal, pese a la existencia de múltiples pruebas documentadas de violencia.

Tras dejar en claro que las evidencias no fueron valoradas en una resolución judicial de fondo, añadió que la misma Fiscalía de la Mujer inició un procedimiento penal en su contra que derivó en su detención, realizada por elementos policiales en la colonia Laureles, con la consecuente privación de su libertad.

En el contexto de dicho proceso penal, se estableció un esquema de custodia compartida que permitió el retorno de la menor al entorno materno, aun cuando existían antecedentes adicionales, claros y documentados, que advertían un riesgo para su integridad, argumentó Mauricio.

En octubre de ese mismo año, rememoró, ya bajo dicho esquema de custodia compartida, la menor declaró nuevos hechos de violencia ocurridos en el entorno materno, incluyendo señalamientos que involucraron a un familiar directo de la progenitora, lo que dio origen a una carpeta de investigación por el delito de pederastia en contra del hermano de la madre.

De manera inmediata, la mamá acudió a la Fiscalía de la Mujer a presentar una denuncia por supuesta violencia vicaria. “Ese mismo día, y dentro de ese contexto institucional, se exigió la entrega inmediata de la menor al entorno materno, sin que existiera resolución judicial previa que lo ordenara, circunstancia que fue oportunamente denunciada ante las autoridades correspondientes”.

El 9 de diciembre, a escasas 48 horas del inicio del periodo vacacional de los juzgados, evidenció que la jueza adscrita al Juzgado Tercero Familiar ordenó un intento de entrega forzada de la menor a la entrada de su centro educativo, con la intervención de funcionarios públicos.

La niña agraviada expresó de manera clara su negativa a retirarse y decidió permanecer en su escuela, ejerciendo su derecho a la educación. “Posteriormente, el 14 de enero, y pese a la existencia de mayores elementos probatorios en contra de la progenitora, se ordenó un nuevo despliegue policial que quedó grabado en las cámaras de la escuela de la menor frente a padres de familia, con gritos y sin notificación previa, con el propósito de ejecutar la entrega, actuación que fue evitada al resguardarse la menor en su centro educativo”.

La gravedad de estos hechos, dijo Mauricio, obligó a acudir tanto a la opinión pública como a la vía del amparo federal, con el objetivo de frenar nuevas actuaciones irregulares y salvaguardar la integridad de la menor.

Desde el 27 de octubre de 2025, recordó, existe una carpeta de investigación de más de 300 hojas integrada cumpliendo todos los requisitos y pruebas para solicitar órdenes de aprehensión por los hechos denunciados.

TRABAS Y MÁS TRABAS

No obstante, se le dio acceso irregular a la hermana del denunciado y desde ese día el asunto ha sido paralizado deliberadamente: se ha negado acceso a la Fiscalía, “nos corrieron junto con mi menor hija y se denunció ante todas las dependencias todo para conseguir copias certificadas del expediente que, hasta la fecha, sólo han dado 20 hojas y dicen no tener la grabación de la declaración de la menor, sólo notas escritas de la cámara Gesel. Esto derivó en cambio de ministerio público, aun así las medidas de protección vigentes no han sido respetadas por la juez civil”.

Puntualizó que la juez adscrita al Juzgado Tercero Familiar ha priorizado una supuesta “violencia vicaria” sobre el interés superior de la infancia, ordenando la entrega inmediata de la menor sin notificación previa, trámite regular ni resolución fundada e instruyendo intervenciones policiales que se asemejan más a operativos de fuerza que a actos judiciales.

Ante esta omisión institucional, destacó que se han iniciado acciones constitucionales de amparo federal con el objeto de frenar cualquier ejecución fuera del marco legal y garantizar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

Aseveró que su hija ha expresado de manera clara y consistente su decisión de permanecer bajo su tutela, donde encuentra seguridad.