• RUBÉN PÉREZ

Preocupa muerte de menores de edad

Tuxtla.- Colectivos de la sociedad civil externaron su preocupación por los 10 asesinatos de menores de edad que fueron contabilizados durante el primer mes de 2022 en la misma cantidad de entidades, incluida Chiapas.



“Nuestro país está viviendo un proceso de descomposición social tan grave y profundo, que impacta directamente y de maneras inimaginables, en la vida, integridad y seguridad de niñas, niños y adolescentes”, dijo Save The Children en México.


Documentaron desde hechos de discriminación, revictimización y daño a la intimidad, hasta el abandono, la violencia sexual, la desaparición, las lesiones y el homicidio.


Uno de los casos más mediáticos fue la exhumación del cuerpo de Tadeo y su posterior abandono en un basurero de un Centro de Reinserción Social en Puebla, “nos demuestra que en esta crisis de derechos humanos se están acabando los límites”.


Esta preocupación también se encamina en la comisión de estos delitos y de las acciones que vulneran los derechos de los menores, cuentan con la autorización, protagonismo o complicidad de las instituciones del Estado o inclusive son ignorados por las propias autoridades.


Otros casos sucedieron en Jalisco, un bebé de un año y medio; en Durango un bebé de un mes de nacido; en la Ciudad de México un niño de tres años y medio; en Chiapas una niña recién nacida; en Guanajuato tres menores de edad; en Morelos un niño de seis años que previamente había sido reportado como desaparecido, por mencionar algunos.


En diferentes puntos del país se han identificado en condiciones de hacinamiento a más de 26 menores migrantes.


“Estos casos son solamente algunos de los que se han hecho visibles en los medios de comunicación, sin contar todos aquellos que ocurren en la invisibilidad y que también ponen en riesgo el desarrollo, la integridad, la dignidad y la propia vida”.


La organización consideró urgente el fortalecimiento de los sistemas integrales de protección a niñas, niños y adolescentes; así como de las capacidades institucionales de las Fiscalías Generales, de los Ministerios Públicos y de las Procuradurías de Protección de la Niñez.


“Se debe garantizar la pronta impartición de justicia de todos los casos de niñas, niños y adolescentes que han sido afectados por la violencia, desaparecidos o asesinados. Y establecer medidas para garantizar la no repetición de graves violaciones a derechos humanos”.