Rechazan maestros restitución de compañero acusado de irregularidades

Tuxtla.- Integrantes del Comité Delegacional D1-193 de la Sección 7 de Chiapas, manifestaron su rechazo ante la reciente resolución de reinstalación del profesor Roberto Meza a la Escuela Primaria “Emilio Rabasa Estebanell”, con clave de centro de trabajo 07DPR4124Z, ubicada en la colonia Chapultepec, de Tuxtla Gutiérrez.

En ejercicio de sus facultades de representación y con base en el marco legal que rige el Sistema Educativo Nacional, explicaron que la permanencia en el servicio educativo no es discrecional, sino que está sujeta al cumplimiento irrestricto del artículo 3°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas y bajo un enfoque de excelencia, entendida como el mejoramiento constante que promueve el máximo logro de aprendizaje.

Por ello, refirieron que la reinstalación señalada contraviene los procesos de idoneidad y legalidad que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros exige para el ejercicio de la función docente.

De acuerdo con el Artículo 74 de la Ley General de Educación, especificaron que las autoridades educativas deben garantizar un entorno libre de violencia, “sin embargo el historial de desacato y faltas de respeto hacia la autoridad y pares por parte del citado elemento vulnera directamente los preceptos de cohesión social y cultura de paz que la ley mandata. Un ambiente laboral fracturado por conductas contrarias a la ética profesional impide el cumplimiento del fin supremo de la educación: la formación integral del educando”.

Aclararon que su exigencia se fundamenta en el Artículo 4° Constitucional y el Artículo 2 de la LGE, que priorizan el Interés Superior de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes.

Ante ello, especificaron que la estabilidad de las instituciones educativas y la seguridad de la comunidad estudiantil no pueden verse comprometidas por resoluciones administrativas que ignoren los antecedentes de conducta y probidad del personal frente a grupo.

Comentaron que el hecho de permitir la impunidad ante faltas graves documentadas desestima el esfuerzo de los docentes que cumplen cabalmente con sus obligaciones.

Ante este panorama, exigieron una revisión exhaustiva y auditoría del expediente administrativo por parte de las autoridades competentes, asegurando que no existan omisiones en la valoración de las faltas graves incurridas.

Además, pidieron una garantía de probidad, es decir que los espacios educativos sean ocupados estrictamente por personal que cumpla con los estándares éticos y de conducta requeridos por la Nueva Escuela Mexicana.