Redes sociales viralizan golpiza de personal migratorio y exigen protocolos estrictos en el uso de la fuerza

Tapachula.- El Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó el cese inmediato y la separación del cargo de un agente migratorio, plenamente identificado como Melvin “N”, tras verse involucrado en una riña a golpes con un automovilista. Los hechos delictivos y de abuso de autoridad ocurrieron sobre el tramo carretero Ciudad Hidalgo–Tapachula, en la región fronteriza del estado de Chiapas, y fueron captados en videos que rápidamente se volvieron virales en plataformas digitales.

De acuerdo con testimonios de testigos civiles presentes en la zona, el conflicto se originó a partir de un altercado vial incidental en medio de un cuello de botella provocado por trabajos de reparación sobre la cinta asfáltica. Tras la discusión inicial, el funcionario federal descendió de una unidad oficial del INM portando el uniforme de la institución y, lejos de aplicar protocolos de persuasión, diálogo o control de crisis, arremetió físicamente contra el conductor a plena luz del día, desatando una pelea que generó la indignación de otros automovilistas.

A través de un pronunciamiento institucional, la dependencia federal confirmó la destitución del trabajador tras evaluar las evidencias audiovisuales masificadas por la ciudadanía. El INM precisó que el exservidor público incurrió en faltas graves e individuales que son contrarias a los principios de legalidad, objetividad y profesionalismo que rigen la actuación de los cuerpos migratorios, enfatizando que portar la indumentaria del Estado exige un estándar superior de prudencia ante cualquier provocación.

Aunque en las últimas horas se difundieron metrajes complementarios que muestran los momentos previos de provocación mutua entre los civiles y el oficial, usuarios de redes sociales y colectivos de derechos humanos sentenciaron que la responsabilidad del procesado era mantener el orden público o solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad competentes, en lugar de recurrir a la violencia física. El caso reavivó los cuestionamientos regionales sobre la capacitación psicológica y los criterios del uso adecuado de la fuerza por parte de los agentes destacados en la frontera sur del país.