Reforma nacional en extorsión tendría impacto limitado en Chiapas

Tuxtla.- La reforma nacional que plantea incrementar las penas contra quienes cometan el delito de extorsión tendría un impacto limitado en Chiapas, donde ya existen sanciones más severas que las propuestas a nivel federal, explicó Gabriel Soberano, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados.

Mientras la Ley General establece penas de 6 a 15 años de prisión para este delito, el Código Penal de Chiapas contempla sanciones que van de los 10 a los 20 años de cárcel, lo que coloca a la entidad por encima de los estándares nacionales en materia punitiva.

El verdadero impacto de la reforma, según el experto, estaría en el ámbito de la competencia legal y los mecanismos de reparación del daño. Soberano explicó que al existir una Ley General en la materia, "implica que existe una concurrencia de competencias entre la autoridad Federal y Estatal", lo que modificaría sustancialmente la aplicación de la justicia en estos casos.

"Se deja de aplicar los artículos 300 y 301 del Código Penal del estado de Chiapas y se debe acudir a esta ley general en los términos que esta prevea la normatividad correspondiente", detalló el presidente de la Barra de Abogados.

El especialista señaló que el beneficio más significativo de la nueva legislación podría estar en los mecanismos de resarcimiento del daño en beneficio de las víctimas, más que en el aumento de las penas, que en el caso chiapaneco ya son considerables.

Soberano hizo un llamado a la comunidad jurídica y autoridades para estar pendientes de las modificaciones que realice el Senado al proyecto, ya que una vez aprobado, "las autoridades y abogados en Chiapas estarán obligados a conocer y aplicar esta nueva legislación en materia de extorsión".

El abogado concluyó expresando su esperanza de que la aplicación de la nueva ley se realice "dentro de los parámetros del respeto de los derechos humanos de las partes, en beneficio tanto de las víctimas como de las personas que sean investigadas", y advirtió que la normativa no debe convertirse en "un instrumento del Estado o intereses particulares ajenos a la verdadera justicia".

La reforma nacional en materia de extorsión representa así para Chiapas un cambio procesal significativo más que un endurecimiento penal, con el potencial de fortalecer los mecanismos de reparación para las víctimas de este delito.