Riesgosa, ampliación de alcance de delitos cibernéticos

Tuxtla.- La R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales consideró como grave la ampliación del alcance de los delitos cibernéticos, pues representaría una amenaza a los derechos humanos.

Durante su participación en el Comité Ad Hoc de Naciones Unidas para la creación de una nueva convención sobre ciberdelitos, la R3D se posicionó ante el Comité acerca de las provisiones en dos temas principales: criminalización y medidas procedimentales.

Respecto de la criminalización, la postura de la sociedad civil fue a favor de que la Convención incluya únicamente los delitos cibernéticos en sentido estricto (core cybercrimes). “Es decir, solo aquellos donde las tecnologías digitales de información y comunicación son tanto el instrumento de la conducta criminal como su objetivo principal”, explicó la organización integrada por expertos en tecnologías.

Añadió la importancia de que el nuevo tratado proteja los derechos de las personas, evite la criminalización de conductas legales y grupos vulnerables.

Por ello más de 90 organizaciones de la sociedad civil y la academia dirigieron una carta al Comité Ad Hoc debido a que consideramos que este documento consolidado contiene una serie de disposiciones problemáticas para la defensa y protección de derechos humanos en el entorno digital.

Por ejemplo, la Convención no debe incluir ciberdelitos que estén basados en el contenido, como aquellos que prohíben la difusión de contenido en línea, ya que este tipo de delitos están redactados de forma ambigua, criminalizan conductas en línea y están dirigidos a fiscalizar la moral, el discurso público y el disenso político.

Esta clase de redacciones amplias y vagas afectan directamente a derechos como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y el derecho a la no discriminación.

“R3D y las organizaciones aliadas enfatizamos la necesidad de eliminar términos ambiguos o inexactos en la redacción de tipos penales, ya que podrían resultar en la criminalización de usos legítimos de Internet, así como la persecución penal de disputas de carácter contractual o la simple violación de los términos y condiciones de las plataformas”.

Además, sugieren al Comité que únicamente sean penalizadas aquellas conductas que tengan la intención de causar un daño real y evitar redacciones amplias que criminalicen la labor de personas periodistas, investigadoras sociales e investigadoras de seguridad.

La sociedad civil también señaló que las medidas de investigación penal para delitos informáticos deben tener controles para prevenir el abuso de las autoridades, por lo que las disposiciones que regulan este tipo de investigación deben incluir, como mínimo, salvaguardas como: la autorización judicial previa, el cumplimiento del estándar de necesidad y proporcionalidad, el derecho de notificación para la persona usuaria, el acceso a un recurso efectivo.