Veolia bajo la lupa en Tuxtla

El conflicto alrededor de la empresa Veolia en Tuxtla Gutiérrez ya no puede entenderse como un problema aislado de recolección de basura. Esta polémica se ha convertido en uno de los temas más sensibles y complejos que enfrenta la capital chiapaneca, al cruzar aspectos laborales, ambientales, sanitarios y de incapacidad institucional para dar soluciones claras y efectivas. Recientemente, trabajadores de Veolia iniciaron un paro de labores que detuvo la recolección de más de 400 toneladas diarias de residuos sólidos en la ciudad, luego de denunciar falta de pago de liquidaciones y una total incertidumbre laboral ante la salida de la empresa de la concesión municipal. Esta paralización no solo afecta la limpieza urbana, sino que representa una amenaza de crisis sanitaria, con basura acumulada y riesgo de proliferación de fauna nociva y enfermedades. Pero este conflicto tiene raíces más profundas. Por más de 15 años la relación entre Veolia y el Ayuntamiento de Tuxtla ha estado marcada por quejas constantes de la población sobre servicios ineficientes y por la falta de transparencia en el manejo de contratos que implican pagos millonarios sin resultados claros. Según diversas denuncias ciudadanas y reportes periodísticos, las calles desbordadas de basura y la falta de rutas bien ejecutadas han sido marchas de indignación que se repiten una y otra vez, mientras la ciudad continúa pagando millones por un servicio que muchos consideran deficiente. Además, las consecuencias ambientales han encendido aún más la controversia. El relleno sanitario operado por Veolia fue clausurado parcialmente por la Profepa tras detectar derrames de lixiviados que contaminaban el suelo y cuerpos de agua, una situación que pone en riesgo directo la salud pública y los recursos naturales de la región. Las advertencias ambientales no son nuevas: desde hace años pobladores y comunidades han denunciado la presencia de metales pesados y demás contaminantes atribuibles al manejo de residuos bajo este modelo concesionado. Este cúmulo de problemas revela tensiones no resueltas entre contratos mal negociados, falta de supervisión eficaz y una ciudadanía que ya no tolera servicios precarios que salen caros. Mientras los trabajadores luchan por sus derechos laborales, los ciudadanos padecen las consecuencias de un servicio que debería ser básico y fundamental para la salud pública. Chiapas, y en particular Tuxtla Gutiérrez, se enfrenta hoy a una encrucijada: ¿es este el momento de revisar a fondo los contratos de servicios públicos, fortalecer la transparencia y poner al centro la protección ambiental y el bienestar de la población? Los últimos meses han puesto en evidencia que los acuerdos a largo plazo sin mecanismos de evaluación y rendición de cuentas no solo fallan en su propósito, sino que se vuelven una carga para todos. Porque la basura que no se recoge es solo la parte visible de un problema mucho mayor: la incapacidad institucional para garantizar servicios públicos eficientes, el respeto a los trabajadores y la preservación del medio ambiente. Este es un conflicto que debe llamar no solo a la solución técnica, sino a la reflexión profunda de cómo se construyen y se supervisan los servicios que inciden directamente en la vida de los ciudadanos.