• ALEJANDRA OROZCO

Presentan protocolo de justicia para comunidad LGBTTI


Tuxtla.- La Fiscalía General del Estado (FGE), representada por Jesús Ernesto Molina, Fiscal de Derechos Humanos, presentó el Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia en Materia de Diversidad Sexual, una herramienta jurídica que dará certeza a los derechos de este sector.

Desde el 10 de junio de 201, señaló, se llevó a cabo la reforma de derechos humanos más importante en México, en la que se contempla en el Artículo 1 la no discriminación, por ejemplo por orientación sexual, a partir de la cual surge la necesidad de adecuar la forma de procurar justicia.

En ese marco, se promulgaron leyes y protocolos para tal fin, uno de ellos el antes mencionado, útil para proteger a estos grupos vulnerables a quienes les debemos como sociedad, con quienes se tiene pendiente el reconocimiento de sus derechos humanos.

“Hay que adecuar nuestra actuación a las nuevas herramientas que brinda la ley, para que estos grupos vulnerables se sientan cobijados por el Estado”, señaló el fiscal, ante representantes de la comunidad e instancias a favor de los derechos humanos en Chiapas.

Por su parte, Fabián Ricardo Acero Galindo, secretario particular en la Fiscalía de la Mujer, explicó que se trata de un protocolo que dicta cómo actuar ante situaciones complejas garantizando el respeto a los derechos humanos del sector, dirigido a funcionarios públicos de los órganos de justicia. “Es un instrumento jurídico que contiene recomendaciones generales y específicas que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar el acceso a la justicia, muy importante cuando integrantes de la comunidad LGBTTI son víctimas de un delito, ya que ha habido muchas limitaciones en acceso a la justicia”, dijo.

Este instrumento existe desde 2017, a raíz de que la violencia contra la población LGBTTI es una variante de la violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género y atenta contra las manifestaciones de la sexualidad socialmente aceptada.

El objetivo es unificar lineamientos y establecer reglas de actuación con perspectiva de género y no discriminación, sin revictimizar a los implicados, el protocolo es aplicable a servidores públicos de procuradurías o fiscalías, así como si hay integrantes de la comunidad participando en un proceso penal.

Entre los principios a los que responde, se encuentra el respeto a la dignidad, igualdad y no discriminación, enfoque diferencial y especializado, protección de datos personales, libre desarrollo de personalidad, no victimización secundaria, no criminalización, protección integral a las derechos, y un enfoque transformador.

El especialista instruyó a elementos policiales, fiscales y otros funcionarios en materia de aplicación de justicia, para reconocer la realidad que vemos, por ejemplo cuando se detiene a una persona transexual, saber si llevarlo a un separo femenil o varonil y si debe ser examinado por un médico hombre o mujer, entre otros ejemplos.

En este sentido, es necesario considerar las declaraciones de la víctima, la brutalidad del crimen y si hay signos de ensañamiento, si recibió insultos denigrantes sobre su expresión de género, si tiene un estatus como activista, analizar la presencia de prejuicios, y si estaba acompañado de miembros de la comunidad en el momento.

En el protocolo se dicta identificar la calidad de la persona, si manifiesta malos tratos o tortura y si requiere medidas de protección, para después poder dar la atención psicológica, acompañamiento y vinculación con otras instancias si es necesario.

Al presentar este protocolo ante la sociedad, instituciones, medios y parte representativa de la comunidad LGBTTI, se marca una pauta para comenzar a capacitar a fondo a todas las instancias competentes, y así ir transformando el panorama de derechos humanos de este sector.

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