• ALEJANDRA OROZCO

En Chiapas, criminalizan a quienes defienden el medio ambiente


SCLC.- En San Cristóbal de Las Casas, la empresa Bienes Raíces La Moraleja, responsable de la construcción del Fraccionamiento La Moraleja, ve comprometidos sus intereses económicos ante la defensa del bosque, el agua y la vida que realiza el movimiento socioambiental de la Colonia Maya, por lo cual el sistema de procuración de justicia dictamina y mantiene vigentes órdenes de aprehensión que criminalizan y judicializan a sus integrantes.

Por ello, la libertad de sus defensoras y cuatro defensores está en riesgo, así como la integridad y seguridad de vecinas y vecinos que mantienen la resistencia no violenta ecológica en la apuestan por el Lekil Kuxlejal (Vida Digna) de los pueblos.

El Centro de Derechos Humanos Frayba, señala que el 7 de septiembre de 2012, autoridades municipales autorizaron el cambio de uso de suelo de una zona contemplada como conservación ecológica, en el sur de la ciudad de San Cristóbal, autorizando la construcción del Fraccionamiento La Moraleja, propiedad del señor Juan Oscar Liévano Narváez; el proyecto contemplaba edificar 200 casas en un terreno de bosque de encino, en una superficie total de cinco hectáreas.

Para la construcción del fraccionamiento, la empresa destruyó árboles y removió la tierra, lo cual ocasionó daños que pusieron en peligro de inundación a calles, casas y escuelas de la Colonia Maya; el 30 y 31 de agosto de 2015, se colapsaron dos bardas que colindaban con una escuela primaria y un kinder, lo que significó un riesgo a la vida de niñas y niños, mientras que el 5 de junio de 2016, se derrumbó un fragmento de barda de más de 30 metros que afectó a 20 familias.

Por los impactos ecológicos, el 9 de julio de 2019, la Procuraduría Federal de Protección y Medio Ambiente (Profepa) decretó la suspensión en materia forestal y clausura temporal del proyecto, sin embargo ya había obras con avance de construcción: dos bardas perimetrales, muro de contención, fosa de absorción o filtración y la apertura de cinco caminos o calles, ante ello, la empresa no se hizo responsable de una adecuada reparación de daños.

Ante la omisión de las autoridades del gobierno en Chiapas, la Colonia Maya construyó de manera colectiva zanjas de filtración para proteger los mantos freáticos y la vida de sus familias, con acciones civiles y pacíficas han ejercido el derecho de libre expresión y asociación en defensa de la Madre Tierra, porque a pesar de la suspensión oficial la obra seguía avanzando.

Como una herramienta para reprimir el movimiento ecologista, se inició la criminalización y judicialización de integrantes de la Mesa Directiva: el 23 de mayo de 2017, Juan Oscar Liévano Narváez presentó querella por los delitos de daños, asociación delictuosa, pandillerismo, delincuencia organizada, incitación a la violencia, ataque a las vías de comunicación y otros, por hechos supuestamente ocurridos el 06 de abril de 2017.

Posteriormente, Augusto Méndez Ballinas, operador de la maquinaria de la empresa La Moraleja denunció el 31 de octubre de 2017 a Lucero Aguilar Pérez, Elizabeth del Carmen Suárez Díaz, Martín López López, Eustacio Hernández Vásquez y Miguel Ángel López Martínez, fabricando el delito de privación de la libertad en modalidad de secuestro.

El 16 de agosto de 2018, el Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil dictó orden de aprehensión, en contra de dos defensoras y cuatro defensores de la Madre Tierra, de la Colonia Maya, a la fecha, el sistema de justicia negó dos de los amparos interpuestos.

Estos actos de criminalización y judicialización son un riesgo a la libertad, integridad y seguridad de quienes defienden la Madre Tierra, en un contexto de incremento de la violencia vinculado a grupos del crimen organizado y de poder político-económico en San Cristóbal de Las Casas, además de la de preocupante situación de riesgo a la vida a defensoras y defensores del territorio en Chiapas y México.

Por lo anterior, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, se suma a la múltiples voces que exigen al Estado mexicano cesar el hostigamiento, criminalización y judicialización a defensoras y defensores de derechos humanos de la colonia Maya; y adoptar medidas urgentes para reconocer y proteger su labor en el cuidado de la Madre Tierra.

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