- ALEJANDRA OROZCO
Piden justicia y búsqueda para las víctimas de desaparición forzada
Tuxtla.- Este 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de los Desaparecidos, marco en el cual el Centro de Derechos Humanos Frayba dio a conocer que, al 31 de julio del 2017, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reconoce 37 mil 435 denuncias.
Actualmente, este registro está desactivado, por la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, sin embargo, el Estado mexicano aceptó, de manera extraoficial, que en el país hay más de 45 mil desapariciones.
Aunado a la crisis de derechos humanos que enfrentamos, surge la emergencia de identificación forense, ya que existen por lo menos 37 mil cuerpos sin identificar, o bien, identificados y no entregados.
Las versiones oficiales reconocen por lo menos mil 100 fosas clandestinas o lugares de exterminio donde se han recuperado restos, aunque no se ha podido cuantificar los fragmentos que se tienen resguardados en las diversas fiscalías del país.
Las desapariciones forzadas en México son generalizadas y sistemáticas en todo el territorio nacional, expresan características de continuidad de una política de control y contención social, señalaron las asociaciones Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-FUNDEM), y la Campaña Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas.
Estas organizaciones, junto al Centro Frayba, sostienen que en México no hay un compromiso real por la búsqueda y regreso a casa de todos los desaparecidos, ni por la verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición.
“Se mantiene una guerra sistémica y generalizada, siendo ésta una de las etapas más oscuras de nuestra historia. Sostenemos que las desapariciones en nuestro país son estructurales como lo podemos constatar con las víctimas de la Guerra Sucia de los años 60’ y las acontecidas como parte del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas”.
En el contexto local, a partir del primero de enero de 1994, la desaparición forzada en la entidad chiapaneca fue selectiva, sobre todo en la Zona Norte, ya que entre 1995 y 2000, se documentaron 37 casos de desapariciones forzadas, 85 con ejecuciones extrajudiciales, mas 4 mil 500 personas de diferentes pueblos originarios quienes fueron desplazadas de manera forzada.
Estos crímenes fueron cometidos presuntamente por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia, creado mediante el Plan de Campaña Chiapas 94, persistiendo la impunidad.
“Las desapariciones forzadas de Minerva Guadalupe Pérez Torres y Mateo Arcos Guzmán, del pueblo cho’l, tuvieron como obstáculos estructurales el que las investigaciones no fueron encaminadas a encontrar la verdad de los hechos, sino que sirvió para proteger a los perpetradores materiales e intelectuales”.
La práctica de la desaparición forzada de personas constituye un Crimen de Lesa Humanidad, puesto que implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los tratados internacionales, entre ellos a la vida; a la libertad personal; a la integridad personal; a la seguridad personal; a tener personalidad jurídica; a las garantías judiciales y a la protección judicial.
A la fecha, la demanda de regreso a casa de todas las personas desaparecidas es la principal exigencia, por lo que dichas organizaciones hicieron un llamado a la sociedad civil a preservar la memoria y exigir verdad y justicia en las desapariciones forzadas perpetradas en Chiapas y México.
