Activistas y luchadores sociales, peligran en Chiapas

No hay duda que en Chiapas peligran activistas, y es que hay muertes impunes, hay injusticia y sobre todo vamos a recalcar que las autoridades no están haciendo nada por ello, no hay respuesta y sí las hay con gran lentitud. En lo que va del año año, al menos 12 activistas fueron asesinados, según datos recogidos por Amnistía Internacional. Cinco de estas víctimas fueron atacadas en Oaxaca y otras cuatro en Chiapas. México es el sexto país del mundo más peligroso para los ambientalistas, según informes de la ONG Global Witness. Esta asociación detectó que en 2017 fueron asesinados 15 defensores y en 2018 otros 14. A falta de tres meses para que concluya el año ya se han contabilizado 12 homicidios, por lo que las cifras de ataques se mantienen en la línea de años anteriores. La primera víctima del año fue Sinar Corzo Esquinca, asesinado en Arriaga, Chiapas, el 3 de enero. Murió por heridas de bala después de ser tiroteado. Su activismo había estado centrado en el agua, la vivienda y la salud, aunque en los últimos años también defendió a damnificados por el sismo de 2017. Que por cierto, el Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, A.C. informó a autoridades nacionales e internacionales la situación de riesgo de personas defensoras de los derechos humanas y las problemáticas de despojo en la costa de Chiapas. Bajo el acompañamiento de SweFOR, Poulette Hernández Núñez y Ana de la Cruz Marroquín, integrantes del Centro de Derechos Humanos, externaron autoridades la situación de hostigamiento que viven como defensoras de derechos humanos, así como las problemáticas existentes en la zona costa. Las activistas manifestaron su preocupación por el tema de tema de conflictos sociopolíticos, en especial, la crisis de violencia e inseguridad generada en el municipio de Arriaga después del asesinato del defensor de DDHH, Sinar Corzo Esquinca, con la participación de quien en este momento era el presidente municipal electo. Además, como ya lo mencionamos, este asesinato sigue impune. Visibilizaron la situación de intensión de despojo de varios pueblos en Tonalá, Arriaga y Pijijiapan por la implementación de proyectos como infraestructuras de carreteras, presas hidroeléctricas, mineros y empresas de granjas avícola y porcina.

Hablaron sobre la situación de riesgo que las personas defensoras de derechos humanos viven en la costa de Chiapas, y la preocupación por la falta de garantías de protección efectivas por parte de las autoridades responsables. El objetivo de está reunión es una pronta y positiva respuesta y honestamente es lo que todos esperamos. Basta de odio sordos, hablamos de justicia entonces hay que aplicarla.