Agresiones a candidatos y candidatas inhibe el voto

Tuxtla.- Según el informe “Democracia vulnerada: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, por cada agresión a una persona candidata se registró una disminución de 1.3 por ciento en promedio en la asistencia de la ciudadanía a votar entre las elecciones de 2018 y 2021, y por cada persona que desempeñaba un puesto en la función pública la caída fue de 3 puntos porcentuales.

El análisis, publicado como parte del proyecto “Votar Entre Balas”, en alianza entre las organizaciones sociales Data Cívica, México Evalúa y el medio informativo Animal Político se relanzó el sitio votar-entre-balas.datacivica.org con nuevos y más detallados contenidos para ahondar en la comprensión del fenómeno de la violencia político-criminal en México.

Itzel Soto, coordinadora del proyecto, dejó en claro que esto incluye un mapa interactivo con datos a nivel municipal, gráficas, estudios estadísticos y reportajes que ponen rostro a las cifras de agresiones contra las y los candidatos,.

En su oportunidad, la coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, Sandra Ley, señaló que además de afectar la asistencia de la ciudadanía a votar, la violencia también provoca que las personas que fueron seleccionadas y capacitadas para ser funcionarias de casilla no se presenten y, como marca la ley, sean sustituidas por las primeras que se forman en la fila para ejercer su voto.

En ese sentido, resaltó que, por cada persona candidata o militante de partido atacada, hay un aumento de casi 1% de sustitución. “Un ejemplo de estas situaciones es San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde la participación electoral bajó de 54% a 21% después de que durante el periodo electoral de 2018 hubo un ataque contra un regidor, pero en el de 2021 sumaron tres, contra la presidenta municipal y dos exfuncionarios de seguridad. Además, la sustitución de funcionarios de casilla fue de 8.6% en 2021 —por arriba del promedio nacional, de 3.9%”.

Las investigadoras subrayaron la importancia de analizar no sólo las agresiones en periodos electorales, sino también durante la trayectoria de las personas ya como autoridades, ya que la violencia continúa y tiene efectos en el contexto municipal que también se analizaron.

Otro de los hallazgos, explicaron, fue que por cada ataque a funcionarios públicos, al año siguiente aumenta 5 puntos la tasa de homicidios en el municipio. “Como ejemplo, en Atoyac, Veracruz, el presidente municipal suplente fue secuestrado y posteriormente asesinado a principios de 2019, después de lo cual se disparó casi cinco veces la tasa de homicidios”.

La importancia de hacer este tipo de análisis a nivel municipal está en que es donde más se presenta la violencia político-criminal: el 77% de víctimas aspiraban o tenían un cargo de ese orden de gobierno. De hecho, de las casi 1,400 víctimas registradas por “Votar Entre Balas” en el periodo de 2018 a 2023, un tercio han sido alcaldías, sindicaturas y regidurías.

Por partidos políticos, un cuarto de las víctimas era de administraciones de Morena, lo cual es lógico dado que es el partido que más ayuntamientos ha ganado en las últimas elecciones; sin embargo, si se considera que PAN, PRI y PRD han competido como coalición en la mayor parte de los municipios, este grupo de oposición concentra más del 40% de los ataques, resaltaron.