Agresores de mujeres no pueden ocupar cargos de elección popular

Por fin se dio esta semana que transcurrió y que fue noticia nacional la reforma que más ansiaban la mujeres de México y de Chiapas, que impediría a los violentadores de mujeres y deudores alimentarios ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público. En un acto simbólico se aprobaron reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Tras la aprobación de la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución mexicana en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Con esta reforma se suspenden los derechos y prerrogativas de personas deudoras alimentarias morosas, acosadoras o agresoras a participar en algún cargo de elección popular, así como contar con algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Este tema cobra relevancia, porque tiene como origen la sociedad civil, su esencia se encuentra en los colectivos feministas que día a día luchan y alzan la voz para que las mujeres pueden vivir libres de violencia, afirmó el legislador morenista acompañado por la activista mexicana Yadira Sandoval, promovente de la iniciativa de ley, en un evento público nacional. Honestamente este alcance alegra y convence a las mujeres, además que cumplen con las mujeres mexicanas por la medidas tomadas, además fortalece el marco legal de protección en el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En México se vive un alto grado de violencia hacia las mujeres, tan sólo en el año 2022 un total de 122 mil 11 mujeres fueron víctimas de algún delito, el 73 por ciento reportó haber sufrido algún tipo de lesión y 67 mil 315 mujeres fueron víctimas de lesiones dolosas.

Con esta modificación, el Senado de la República da un mensaje contundente al pueblo de México para hacer una sociedad más igualitaria, equitativa y, sobre todo, alejada de la violencia, es así como se abona a la seguridad de las mujeres, se busca protegerlas y no violentarlas. Evidentemente en todas las entidades federativas ha habido acciones para darle mayor seguridad a la mujer, y que se piense mucho en agredir a una fémina. Por ejemplo desde el pasado 15 de marzo, en el estado de Puebla, el Congreso Poblano de Puebla diputados de Morena propusieron una reforma que impediría a los violentadores de mujeres y deudores alimentarios ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, tanto en los gobiernos del estado y los municipios, como en los poderes Judicial y Legislativo.

La medida reforzaría la reforma electoral de 2020 que prohíbe a las personas sancionadas por violencia de género o su equivalente competir como candidatos en una elección, por un cargo de representación popular. Yolanda Gámez Mendoza, una de las impulsoras de la reforma, explicó en tribuna que las adecuaciones se proponen a la Constitución del estado para que ningún hombre que haya lastimado física, sexual, económica o psicológicamente a una mujer tenga posibilidad alguna de ostentar un puesto público. La iniciativa propone modificar el artículo 22 constitucional para determinar que los derechos y prerrogativas de la ciudadanía se suspenden en tres supuestos relacionados con la violencia contra la mujer.

Esta historia a nivel federal empezó el jueves 13 de abril, en la ciudad de México, cuando senadoras de la República recibieron de mano de las diputadas federales la minuta denominada “3 de 3”, la cual buscaba restringir los derechos de quienes hayan ejercido violencia política o sexual contra las mujeres, así como de quienes sean deudores alimentarios. Con la Ley 3 de 3, estos agresores no podrían ocupar cargos en el servicio público o ser postulados y ocupar cargos de representación popular. Al recibir la minuta, el 13 de abril la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseveró que este producto legislativo era relevante para la vida pública de México, pues con ella se les manda un mensaje a las personas violentadoras, abusadoras sexuales o deudoras alimentarias. “Nunca más el Estado mexicano las aceptará como representantes populares”, afirmó.