Alto los números de reprobados y rezagados en educación básica

El artículo tercero de la Constitución establece que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Evaluación (MEJOREDU) debe “realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional”. Las evaluaciones diagnósticas se han realizado desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022, pero fue hasta hace un par de semanas que se publicaron, por primera vez, los resultados con el informe correspondiente al ciclo escolar 2022-2023, en el que se evaluó una muestra representativa de poco más de un 1.4 millones de estudiantes de segundo de primaria a tercero de secundaria. Esta evaluación es una obligación constitucional y debe proporcionar información útil tanto a docentes como estudiantes sobre el punto de partida de sus aprendizajes al inicio del ciclo escolar, para identificar las áreas que se deben reforzar. A pesar de su utilidad, hay espacios para la mejora, pues si bien el informe da cuenta de los campos específicos que fueron evaluados en cada área de conocimiento, la información no se presenta por niveles de desempeño como se realiza en evaluaciones internacionales como PISA; esto permitiría orientar de una mejor manera las políticas educativas, al identificar lo que los estudiantes pueden o no pueden hacer. Otro punto débil es dar los resultados en porcentaje de aciertos, ya que no se podrán realizar comparaciones objetivas entre los resultados obtenidos al inicio y al final de cada ciclo escolar, o entre ciclos. Pero lo más preocupante es que los resultados no son alentadores. En la evaluación de los aprendizajes de lectura, únicamente los alumnos de segundo grado de primaria tuvieron un porcentaje de aciertos mayor a 60 %, y a partir de tercero de primaria estuvieron por debajo del 50 %, con los resultados más bajos entre los estudiantes de cuarto y quinto de primaria. En cuanto a los aprendizajes de matemáticas, en ningún grado se obtuvieron resultados superiores a 60 % y los resultados más bajos los tuvieron las alumnas y los alumnos de quinto de primaria. Además de las áreas de conocimiento de lectura y matemáticas, también se evaluaron los aprendizajes en formación cívica y ética, con resultados muy similares. En ningún grado los estudiantes obtuvieron más del 60 % de aciertos, siendo los más bajos entre los estudiantes de segundo de secundaria. Esto demuestra, en gran medida, que el derecho de las niñas y niños a aprender en la escuela no está siendo garantizado.

No podemos culpar ni a los estudiantes ni a los docentes por estos resultados, ya que existen múltiples factores que pueden explicar los bajos niveles de logro alcanzados. Estos van desde la coexistencia de dos planes de estudio (el plan de estudios 2011 y el 2017) hasta la interrupción de las clases presenciales con motivo de la pandemia de COVID-19. Hay una tendencia decreciente del porcentaje de aciertos desde tercero hasta quinto grado de primaria, y la explicación podría ser que fueron precisamente estos estudiantes los que iniciaron o cursaron varios grados de educación primaria a distancia, con modelos híbridos, o apoyándose solamente por las herramientas de “Aprende en Casa”. Esto nos muestra una clara necesidad de que las autoridades educativas diseñen políticas públicas específicas para atender a esta generación y garantizar que estas niñas y niños no solamente estén en la escuela, sino que también adquieran ahí los conocimientos básicos. Seguimos viendo los efectos de la pandemia y la poca efectividad de las políticas públicas aplicadas en lo económico, lo social, y en este caso en lo educativo, ya que muchos de estos estudiantes arrastrarán las consecuencias de la interrupción de clases en los siguientes años, y probablemente egresarán del sistema escolar sin haber recuperado los aprendizajes que han perdido. Para Mexicanos Primero es fundamental que las niñas, niños y adolescentes tengan garantizado su derecho constitucional a la educación, que estén, aprendan y participen activamente en la escuela. Por ello seguiremos impulsado y analizando procesos de evaluación que den cuenta del estado de los aprendizajes y permitan diseñar más y mejores políticas públicas basadas en evidencia, dirigidas a atender las deficiencias del sistema educativo mexicano.