• Redacción

Aumentos y marchas distinguen la capital Chiapaneca


Solo a veces, la realidad supera a ficción y la verdad que cayo como un churrasco de agua fría la propuesta del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez solicitando al Congreso del Estado la modificación del Artículo 56 de la Ley de Ingresos Municipales para cobrar el dos por ciento de impuesto en el cobro de energía eléctrica. Esta medida ha causado diferentes reacciones en la población sobre todo de desaprobación, por la situación económica que se vive en la entidad, donde prevalece una crisis generalizada. “No es justo que ahora el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez ya va a cobrarnos a los ciudadanos un impuesto más del 2% en el cobro de energía eléctrica, esto es que cada ciudadano pagará 2% más con cargo a su recibo de lo que le cobra la CFE”, expresaron algunos comerciantes al ser cuestionados sobre el tema. Pero el tema no solo termina aquí con una economía estancada, una ciudad situada por la delincuencia y por un sin fin de frentes que no parecieran tener solución real esta debe ser la forma mas terrorífica de estrangular la economía local.

En entrevista el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Arturo Marí Domínguez, comentó que después de que se manifestaran simbólicamente por las altas tarifas de energía eléctrica el año pasado, lograron una reducción del 15 por ciento. El mismo reiteró que mantener las tarifas eléctricas en un solo costo ha permitido a los empresarios agremiados a la Cámara Nacional de  la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados establecer un mejor presupuesto. De seguro en días venideros diferentes sectores darán sus declaraciones sobre este tema, que realmente no sé debiera solucionar con aumentos sino con estrategias diferentes que no afecten al usuario.


Mientras tanto en la capital chiapaneca ayer fue un día de protestas por una lado al menos 110 ex-empleados del Ayuntamiento del municipio de Cacahoatán, de los más de 200 corridos injustamente en el año 2012 en la administración de Uriel Pérez Mérida, solicitaron a los legisladores locales su respaldo para que les paguen los laudos ganados hace casi un lustro. En una protesta pacífica, explicaron que en total son 88 millones de pesos los que la actual administración, encabezada por el alcalde Julio Calderón Sen, les tiene que pagar, además de reinstalarlos luego de que los jueces de Distrito les dieran la razón a ellos.

A su vez y casi momentáneamente directivos, maestros, padres de familia y representantes del Partido del Trabajo (PT) se manifestaron por las calles para exigir el pago de 10 meses de sueldos para las y los trabajadores de los cinco Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de la entidad, equivalentes a casi 12 millones de pesos. En entrevista, Héctor Hugo Robledo Gordillo, director general de los Cendis en Chiapas, lamentó que el sexenio de Enrique Peña Nieto fueran “víctimas de una cacería de brujas” por pertenecer a un instituto político que no coincidía con los ideales del poder en turno. “Eso fue motivo para que no nos dieran ni un solo centavo en el 2018, sin embargo, no hubiéramos sobrevivido sin el apoyo de los papás y las mamás, quienes aportaron mil pesos al mes para sufragar los gastos corrientes, la alimentación de los niños, y yo tuve un ahorro para pagar sueldos hasta junio pasado”, declaró.

Realmente la herencia de los gobierno no deben pagarla los actuales, debemos actuar conforme a derecho y que los que saquearon nuestro estado paguen sus adeudos o vallan a la carcel, el pueblo no necesita mas aumento, mas inseguridad, mas calles desastrosas, el pueblo necesita soluciones reales porque para eso fueron elegidos para gobernar.

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