Autoridades sin resolver conflicto, se presentan afectaciones a sectores productivos

Tuxtla.- Los empresarios del ramo turístico lamentan que hasta el momento las autoridades estatales no hayan resuelto el tema de la inconformidad entre grupos por el tema de las designación de autoridades lo que ha generado tres semanas de bloqueos en este lugar.

Los conflictos políticos en el municipio de Teopisca parecen no tener fin, y los bloqueos son los que más han causado daños a los sectores económicos del estado y en este momento a los prestadores de servicios turísticos.

Los inconformes han realizado una serie de movilizaciones para exigir a las autoridades estatales que la síndica Josefa María Sánchez Pérez, ocupe el cargo como presidenta municipal, luego del asesinato del alcalde Rubén de Jesús Valdéz Díaz, el ocho de junio del presente año.

Han realizado bloqueos carreteros, en la cabecera municipal, y en el tramo carretero que comunica a Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal, lo que ha ocasionado fuertes pérdidas a distintos sectores.

Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística señaló que, “Estos acontecimientos de alguna manera, impactan negativamente, tanto en la percepción de seguridad que tienen nuestros turistas, recordarte que la mayoría del mercado es nacional, entonces las noticias fluyen con mayor rapidez y por otro lado echan un poco abajo el trabajo de promoción que se está haciendo”.

Hasta el momento, el Congreso del Estado, no ha señalado si habrá algún cambio en el Concejo Municipal nombrado después del asesinato del alcalde, que, dicho sea de paso, el hermano del occiso fue nombrado consejero presidente municipal.

Del asesinato del alcalde, ya hay dos autores materiales vinculados a proceso y la Carpeta de Investigación ya se cerró por parte de la FGE. Los pobladores sostienen que el hermano del alcalde ya fue presidente municipal, pero no cumplió sus promesas de campaña.

En tanto, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, aún no resuelven la impugnación de la síndica quien argumenta que se violaron sus derechos políticos.