Barreras para el acceso a la salud, migrantes

Para las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, la conmemoración del Día Mundial de la Salud y la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la oportunidad para resaltar el arduo camino que día a día enfrentan los distintos grupos con vulnerabilidades sociales, para mejorar sus condiciones de vida y alcanzar un estado mínimo de bienestar de salud. El grado más alto de este bienestar depende de qué tanto los sistemas de salud permiten un verdadero ejercicio para facilitar el acceso sin anteponer condiciones de cualquier tipo. Las personas en contexto de movilidad humana: migrantes y sujetas de protección internacional en México, no son ajenas a las distintas desigualdades que hoy en día continúan obstaculizando el acceso a la salud, como si no se tratase de un derecho humano fundamental. Por ello, la intención de este texto es acercarlos a una realidad, desde la perspectiva de la migración, con respecto al contexto actual que enfrentan las personas extranjeras, pues pareciera que antes de llegar al estado más alto de salud, no tendrían que enfermar. Desde nuestra experiencia de 29 años como organización de asistencia privada en la Ciudad de México, que acompaña a las personas en contexto de movilidad humana para su integración sociocultural local, somos testigas y testigos que las políticas públicas constantemente condicionan el acceso a la salud, primordialmente al tratarse de personas en situación migratoria irregular. Es aquí donde debemos preguntarnos en qué momento se origina una incongruencia constitucional, cuando dentro del artículo 4 se hace referencia a la protección de la salud de toda persona que se encuentre en territorio nacional, priorizando a los grupos vulnerables.

Un ejemplo tan crudo del condicionamiento es, por ejemplo, al momento de transferir las afiliaciones al sistema de salud, incluyendo los programas para personas no derechohabientes, al sí o sí de contar con una clave única del registro de población (CURP), pues los portales electrónicos de registros aún no están diseñados para entender las limitantes de las personas que se encuentran en situaciones de desigualdad. El derecho a la salud es uno de los medios para la construcción de sociedades más justas y, bajo esta lógica, en Sin Fronteras guiamos nuestras acciones de intervención para que las personas en contexto de movilidad fortalezcan sus capacidades para el ejercicio de su derecho humano y se reencuentren con sus propias concepciones del estado de bienestar en la Ciudad de México. También se busca la permanente alianza con las jurisdicciones sanitarias locales para realizar un trabajo colaborativo que vislumbre las carencias del acceso y con ello idear caminos que no lo entorpezcan. Por ejemplo, desde el año 2023 hemos tenido avance para acercar lo mayor posible el derecho a la protección de la salud; sin embargo, las estrategias se vuelven temporales debido a los cambios constantes de las acciones de las autoridades migratorias para los procesos de regularización migratoria, sumando a las reglas de operación de los programas de salud públicas. Estamos en un año crucial en cuanto a los cambios en las políticas migratorias a nivel mundial, en gran medida por las estrictas políticas migratorias de Estados Unidos con la migración irregular y la suspensión de los procedimientos de solicitudes de asilo. Esto ha provocado que más personas carezcan de oportunidades para lograr un estado de bienestar, incluso no sólo con respecto al derecho a la salud, sino a todo lo que se deriva a través de los derechos económicos, sociales y culturales. La Ciudad de México debe apostar por el fortalecimiento de políticas públicas que consideren dentro de sus marcos normativos un enfoque intercultural para la igualdad de oportunidades, que se materialice en el acceso a las condiciones más dignas para los estados de bienestar.