Chiapas en crisis migratoria

La crisis migratoria que vive Chiapas es provocada por el Estado Mexicano a través del Instituto Nacional de Migración (INM), que carece de la capacidad, la estrategia y la voluntad para atender este fenómeno. Lamentablemente la solución al problema consiste en trasladar a los migrantes de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez en autobuses, sin proporcionar la atención necesaria, simplemente trasladando el problema de una ciudad a otra. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas AC, José Manuel Blanco Urbina condena la xenofobia que han mostrado algunos tuxtlecos hacia los migrantes, manifestada a través de lonas y carteles en casas particulares que rechazan la presencia de extranjeros en la capital de Chiapas, quienes están de paso hacia Estados Unidos. Blanco Urbina se opone a la discriminación contra los migrantes que han abarrotado Tuxtla Gutiérrez en los últimos meses, principalmente aquellos procedentes de Venezuela, que se encuentran en la Cuarta Calle Oriente, desde la Once Sur hasta la Veinte Sur. Muchos de ellos se dispersan en los cruceros, limpiando parabrisas, pidiendo solidaridad a la gente o vendiendo dulces para obtener ingresos. El presidente de la Comisión condena el hecho de que el personal del INM sea el principal violador de los derechos humanos de los migrantes, al negarles el permiso provisional para transitar por México. Además, critica que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no brinde atención a los solicitantes de refugio y asilo, mientras que los llamados Grupo Beta de Protección a Migrantes son considerados los principales acosadores y perseguidores de estos. Desde hace poco más de un año, ha aumentado la presencia de migrantes venezolanos en Tuxtla Gutiérrez, quienes se quejan de que, por la noche, el personal del INM los traslada en autobuses de Tapachula a la capital chiapaneca. A muchos de ellos se les entrega un documento para efectos de conteo del número de extranjeros que acudieron a sus oficinas. Blanco Urbina sostiene que este es un problema colateral de la falta de atención del INM. "La gente no está aquí por gusto; la responsabilidad de la atención recae en esta institución federal, que debe establecer un control desde la llegada al país. Lamentablemente, hay corrupción. No están cómodos varados en la capital de Chiapas; estarían mejor caminando.

Sin embargo, el gobierno federal, ahora con Claudia Sheinbaum Pardo, pretende establecer un muro aquí en Chiapas a través de las policías, lo que, en última instancia, empodera a los traficantes de personas", subrayó. Mientras tanto, el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, sostuvo una reunión con Erika D Agostini, oficial de la ACNUR en Tuxtla Gutiérrez. Durante el encuentro, se sentaron las bases para un convenio de colaboración orientado a capacitar a legisladores y equipos estatales en temas de protección internacional. El diputado destacó la elaboración de la Ley de Protección para las Personas en Contexto de Movilidad Humana del Estado de Chiapas, un proyecto innovador en México que diferencia entre migrantes y refugiados. Desarrollada en conjunto con la Universidad Autónoma de Chiapas y el apoyo técnico de la ACNUR, esta ley busca promover políticas públicas integrales y mecanismos de coordinación que garanticen el respeto y la dignidad de las personas en situación de movilidad. “La legislación tiene como objetivo alinear a Chiapas con los compromisos internacionales de México y fortalecer las capacidades de las instituciones locales para atender de manera más eficaz a quienes necesitan protección internacional”, afirmó Avendaño Bermúdez. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar también fue reconocido por su interés en abordar la situación migratoria, particularmente con la visión de desarrollar un polo económico en Tapachula que facilite la integración de refugiados y migrantes, promoviendo su desarrollo integral y el de la región. Me atrevo a poner en sus manos las dos posturas hacia la problemática migrante en Chiapas. Activistas demandan y reprueban acciones que afectan a los migrantes, violentándonosla los Derechos humanos. Mientras que el Congreso del Estado y ACNUR firman protección al migrante, siendo Chiapas pionero de este acuerdo.