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Cifras aterradoras de desapariciones de personas migrantes


La desaparición de personas en México surge y se sostiene a partir de diversas problemáticas sociopolíticas y culturales: el uso arbitrario de las fuerzas militares, la falta de debida diligencia en las investigaciones criminales, la corrupción, la impunidad latente y el consentimiento o tolerancia del Estado mexicano frente a esta serie de desapariciones, las cuales son permitidas y/o ejecutadas tanto por actores estatales (desaparición forzada) como por no estatales. Bajo el lema “Nunca nos hemos ido” y “Vivos se vinieron, vivos los queremos”, del 1 al 10 de mayo la XVI Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos y Desaparecidas emprendió su ruta por México en búsqueda de sus familiares y en exigencia de una respuesta eficiente de parte del Estado mexicano sobre el paradero de sus seres queridos.

En el caso de las personas migrantes, este contexto se agudiza a partir de la política migratoria actual. En la última década han existido múltiples casos de desaparición de personas migrantes como lo son la masacre y las fosas clandestinas de San Fernando de 2010 y 2011, la masacre de Cadereyta de 2012, la masacre de Güemez de 2014, las desapariciones de personas migrantes que viajaban en autobuses en Tamaulipas en 2019 y la masacre de Camargo de 2021, a través de los cuales se ha evidenciado la especial situación de vulnerabilidad de las personas migrantes al transitar por México, así como la nula capacidad ¿o voluntad? de las autoridades mexicanas de hacer frente a los diversos problemas estructurales que permiten que estos hechos ocurran, y de esclarecer la desaparición de personas migrantes en su tránsito por territorio mexicano. Lo anterior se agrava ante la falta de cifras precisas sobre el número de personas migrantes desaparecidas en su tránsito por territorio mexicano. A pesar de que las personas en contexto de movilidad (personas migrantes, refugiadas, apátridas, víctimas de trata y desplazadas internamente) tienen el derecho a la asistencia consular de sus países de origen para hacer de conocimiento de las autoridades mexicanas la desaparición de alguno de sus familiares, en muchas ocasiones estos derechos se encuentran obstaculizados o denegados debido a la persecución precisamente por parte de agentes estatales en contra de estas personas, pero inclusive en los casos donde sí reciben apoyo consular, las actualizaciones son escasas. El Estado mexicano tiene una deuda inmensurable con las familias de personas en contexto de movilidad desaparecidas en territorio nacional, no sólo por las fallas y la obstaculización para acceder a los procedimientos para denunciar la desaparición de sus familiares, sino también por la política migratoria restrictiva adoptada por el Estado, ya que la desaparición de personas es una de sus expresiones. Esta política permite y reproduce una serie de prácticas que criminalizan y discriminan a las personas en contexto de movilidad, entre las cuales se incluye la respuesta militarizada a la migración, al considerar al ingreso y tránsito de personas por México como un problema de seguridad pública, lo que limita el derecho de las personas en contexto de movilidad a migrar o a solicitar y recibir asilo, y las orilla a transitar de forma insegura. La política migratoria actual tiene diversas implicaciones que afectan la vida, seguridad e integridad de las personas, particularmente de aquellas con necesidades de protección internacional, pues como se señaló, esta criminalización de la migración perpetúa la situación de indefensión de las personas en movilidad y las coloca en grave riesgo de desaparecer. Además, impide o desincentiva la denuncia en caso de ser víctimas de delitos –como la desaparición forzada– o de solicitar apoyo o ayuda por las vías institucionales cuando se desconoce su paradero, a través de las cuales se podría realizar la búsqueda oportuna y lograr comunicarle con sus familiares y/o con el consulado de su país de origen de así requerirse.

La desaparición de personas migrantes en México no es un fenómeno aislado, sino que es causa y consecuencia de muchas de las problemáticas a las cuales el Estado mexicano debe dar una respuesta eficaz y con perspectiva de derechos humanos. La criminalización de la migración, la incapacidad estatal de responder al contexto de violencia e inseguridad y las limitantes de los procedimientos de investigación y búsqueda de personas desaparecidas requieren acciones concretas y con una perspectiva interseccional, donde se considere las múltiples situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las personas migrantes y sus familias en los casos de desaparición. Ante la falta de una respuesta institucional adecuada a estas problemáticas, el lema de las caravanas de madres migrantes buscadoras resuena cada vez más fuerte: vivos se vinieron, vivos los queremos.