¿CNDH una oficina de gobierno?

Es público que a partir de la llegada del actual gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dejó de ser un órgano autónomo del Estado mexicano para convertirse en una oficina del gobierno que se maneja desde Palacio Nacional. En lo que va de 2022, se han presentado 524 quejas en la CNDH contra las Fuerzas Armadas y otras instituciones federales relacionadas con la seguridad. La Guardia Nacional (GN) ha recibido 202; el Ejército, 169; la Fiscalía General de la República, 124; la Marina, 15; la Secretaria de Seguridad, 10, y la Policía Ministerial, 4. En versión de María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, a partir del análisis de la actuación de la CNDH lo que se puede afirmar es que estos casos es que “están en un cajón durmiendo el sueño de los justos”. Sostiene que en los sexenios anteriores quien encabezaba la CNDH se reunía periódicamente con el presidente y los titulares de las Fuerzas Armadas para hablar sobre las recomendaciones que les había hecho y ver la respuesta que se debía de dar. Desde que la CNDH dejó de existir como órgano autónomo esta práctica se eliminó. Ahora su función no es actuar frente a la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, sino de protegerlas. Morera, que desde hace años trabaja por los derechos humanos, considera que las malas prácticas del pasado ahora “son mayores porque este presidente, como él mismo lo dice reiteradamente, les da abrazos a los criminales y además los protege”. Causa en Común afirma en su Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y Militarización en México “que las Fuerzas Armadas tienen más posibilidad de abusar de los detenidos que la Policía Federal, estatal o municipal”. La evidencia es que el 88% de los detenidos por la Armada y el 86% por el Ejército se quejan de tortura y otros abusos. La pregunta obvia es: ¿ante esto qué hace la CNDH? La respuesta: nada, para eso está.

En la base del incremento de la violación de los derechos humanos por las Fuerzas Armadas y otros órganos de seguridad del Estado está la estrategia de seguridad adoptada por el presidente, que es la militarización. Dice la presidenta de Causa en Común que López Obrador “ha promovido una militarización como nunca ha conocido el país en su historia con la creación de una Guardia Nacional militar y la autorización constitucional del uso de la Fuerza Armada en seguridad pública, además de tareas civiles”. A pesar de los resultados que muestran el fracaso de la estrategia de seguridad del actual gobierno, que implica, entre otras cosas, el aumento en la violación de los derechos humanos por los órganos de seguridad del Estado, ésta no va a cambiar. El presidente defiende su estrategia a pesar de la evidencia de los datos duros. Habrá que esperar la llegada de un nuevo mandatario para cambiarla y para que devuelva a la CNDH su carácter de órgano autónomo del Estado.